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se trata de una mera liberalidad o facultad discrecional que tiene el contratante
según el tipo de contrato a celebrar, pues la existencia y seriedad de un estudio
previo contiene las bases de una exitosa y futura contratación que le permitirá
determinar la modalidad de selección, precisar el objeto de la contratación, definir
el régimen legal aplicable para aquellos contratos que por ley dispongan una
normatividad especial, y asegurar la buena inversión de los recursos públicos,
atribución reservada para la entidad pública contratante.
Sobre este tema, la Contraloría General de la República, a través de la Oficina
Jurídica conceptuó así: «El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente
señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás
casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica
y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico se
requerirá realizar los estudios a que haya lugar área establecer las
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el
punto de vista económico será necesario establecer el valor del objeto que se
pretende contratar.»
Además de lo expuesto por este Despacho, en el acápite de pruebas de
descargos, frente a la valoración de este testimonio, el contenido de la previsión
legal, es el que debe atender el Despacho al momento de proferir cualquier
decisión, y si bien es cierto que el decreto 393 de 1991, señala que dichos
convenios se someten a las normas del derecho privado, ello no significa que para
los mismos no se requiera de estudios previos, toda vez que, a los convenios
especiales de cooperación científica y tecnológica, le son igualmente aplicables
las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, norma que es posterior a los
decretos referenciados.
Entonces, no es cierta la tesis expuesta por el declarante cuando afirma que
dichos convenios especiales de cooperación, no requerían de estudios previos.
Ello, por cuanto que, con la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, se
introdujeron nuevas reglas que modificaron parte del régimen especial previsto en
los decretos 393 y 591 de 1991.
Así las cosas, no debe perderse de vista que la ley 80 de 1993, derogó
expresamente algunos artículos del decreto ley 591 de 1991, pero no lo hizo
respecto de otras de sus disposiciones. No obstante, a pesar de no referir nada
sobre su integra y total insubsistencia, debe entenderse que tal derogatoria
entraña igualmente la incompatibilidad con las normas precedentes.
En efecto, frente al tema de la derogatoria, el artículo 81 de la ley 80 de 1993,
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