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alto dignatario del Estado (Ministro), más aún cuando estaba encargado de
coadyuvar en el cumplimiento de los cometidos estatales, lo que no ocurrió en el
presente caso, pues el investigado celebró los aludidos convenios sin que las
actividades allí estipuladas hubiesen sido examinadas adecuadamente con
antelación en los aspectos reseñados, con lo que afectó la buena marcha de la
administración.
4.1.2. Segundo Cargo:
4.1.2.1. Síntesis de la descripción de la conducta, normas vulneradas,
concepto de violación, calificación provisional de la falta.
Al encartado ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, en su condición de Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, se le formuló un segundo cargo, así:
«Desconocer los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad
que rigen la actividad contractual, al aprobar mediante resoluciones Nos. 05 del 4
de enero de 2008 y 0169 del 21 de mayo de 2008, los términos de referencia de
las convocatorias públicas de riego y drenaje I y II de 2008, correspondientes al
convenio Nos. 055/08, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el IICA, sin que
dichos términos de referencia contaran con factores de evaluación precisos y
claros, toda vez que no se incluyeron reglas claras, justas y completas, en torno a
la asignación de los apoyos económicos a quienes presentaran proyectos de
construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas de riego y drenaje,
pese a que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había sido advertido de
estas deficiencias a través del informe presentado por la firma Econometría S.A.
en el mes de junio de 2007.
Esta conducta provocó que durante 2008 se aprobaran proyectos de riego y
drenaje sin el lleno de los requisitos, al igual que la asignación de apoyos
económicos a proyectos de la misma naturaleza que no contaban con estudios
serios que permitieran garantizar la ejecución de las obras de riego y drenaje, la
asignación de recursos y aprobación de proyectos pertenecientes a un mismo
predio de explotación agrícola, los que se relacionan en el numeral 4.4.2.1
subnumerales 6,7,8 y 14 a 200 del presente pliego y, de otra parte, la ausencia de
criterios y parámetros estandarizados que determinaran la viabilidad de los
proyectos sometidos a evaluación en sus aspectos técnicos, ambientales,
económicos y financieros, que propiciaran la diferenciación de los apoyos que
demandaban las necesidades de los pequeños, medianos y grandes agricultores.»
Como normatividad vulnerada se le citaron los artículos 123 inciso 2°, y 209 de la
Constitución Política; Artículos 3, 24 numeral 5 literal b, 26 numerales 1 y 4 de la
ley 80 de 1993; artículo 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002, además el artículo
29 inciso 1º de la Ley 80 de 1993, en relación con la aprobación de los términos
de referencia efectuada mediante resolución número 05 del 4 de enero de 2008,
por ser la norma vigente para esa época. Respecto a la aprobación de los
términos de referencia realizada mediante resolución No. 169 del 21 de mayo de
2008, se le indicó como norma transgredida el artículo 5 inciso primero y numeral
2 de la Ley 1150 de 2007, por ser la norma vigente para ese momento.
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