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particulares le hicieron o les fue permitida hacer desde el IICA, a las convocatorias
de riego 2008 y 2009. Quiero que quede constancia para la historia que se puede
dar un debate académico e ideológico sobre la conveniencia o efectividad de la
política pública de (sic) diseñe (sic) y oriente (sic) como ministro, buscando
siempre la seguridad alimentaria y la productividad del campo colombiano. Pero
que quede constancia también para la historia que una política pública concebida
de buena fe no se puede sancionar ni penal ni disciplinariamente. […] el Ministro
de Agricultura no tenía forma de conocer sobre o intervenir en los procesos de
identificación, selección, evaluación, calificación, puntuación y viabilización de los
diferentes proyectos de riego que se presentaban a las convocatorias. Esto debe
ratificar mi buena fe en materia de participación en el programa de riego y drenaje
de AIS, lo cual se limitó al diseño y orientación conceptual de la política pública.
[…] Como lo exprese a lo largo de la diligencia nunca leí o tuve en mis manos el
informe de ECONOMETRIA. Supe que el informe había salido, que incluía una
evaluación y algunas recomendaciones para las convocatorias de riego y drenaje,
ante esto mi único lineamiento fue pedirle al viceministro y a los directores que el
delegara para ello que en coordinación con la unidad coordinadora del IICA,
incorporaran las recomendaciones en la medida de lo técnica y jurídicamente
posible. Reitero que la recomendación fue genérica. […] Mi capacidad y mi pericia
no hubieran alcanzado para entrometerme o involucrarme en el detalle técnico del
programa y menos de un informe como el de la firma ECONOMETRIA. […] hubiera
sido imposible por falta de tiempo, por falta de espacio, por mis labores como
ministro, y porque no tengo ni la pericia técnica ni jurídica, analizar y estudiar todos
los documentos técnicos que sobre estos programas y políticas se escribían. Para
ello siempre confié en mi equipo comenzando por el viceministro y los directores
técnicos y jurídicos. […] La única información que solicité tiene que ver con las
personas que elaboran, revisan y aprueban las resoluciones que firmé mediante
las cuales se adoptan los TR. Es decir, la información que me demostraba que los
TR eran elaborados, revisados y aprobados por personal técnica y jurídicamente
idóneos del MADR y de la unidad coordinadora del IICA. MI pericia no me hubiera
permitido analizar el detalle técnico plasmado en dichos TR. Debo reconocer que
confié en que el texto de los TRs incorporaba los lineamientos de política pública
que yo había impartido cuando el programa de riego se diseñó. […]»
Para refutar el cargo formulado la defensa aportó y solicitó la práctica de las
siguientes pruebas:
Con el fin de demostrar «que la firma ECONOMETRÍA nunca advirtió sobre la
posibilidad de fraccionamiento, entendido como las prácticas engañosas de los
particulares presuntamente encaminadas a abusar del programa de riego en los
proyectos intraprediales para derivar mayores beneficios económicos de aquellos
a los que realmente tenían derecho», acompañó carta del 7 de julio de 2010,
suscrita por el doctor DIEGO SANDOVAL, de la firma ECONOMETRÍA, remitida al
doctor JUAN CAMILO SALAZAR, Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
en la cual se explica el alcance de las recomendaciones contenidas en el escrito
enviado al Ministerio de Agricultura en el mes de junio de 2007, así como solicitó el
testimonio de quien suscribió dicho escrito, para que explicara el «alcance de las
recomendaciones que hiciera al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el
mes de junio de 2007, así como los argumentos expuestos en su comunicación del
7 de julio de 2010».
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