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La adecuada, apropiada y ordenada planeación es el eje central que determina el
éxito de la contratación estatal en la adquisición de bienes y servicios y asegura la
eficiente inversión de los recursos públicos en aras de garantizar el cumplimiento
de los fines de la contratación estatal 208 . De ahí que la etapa precontractual o
etapa previa sea el baluarte y la fortaleza para determinar la viabilidad técnica,
jurídica y económica de un proyecto y proteger los recursos del patrimonio público.
La planeación en el campo contractual lo que busca es analizar la factibilidad y
eficiencia de las actuaciones estatales de carácter bilateral respecto al objeto de
las mismas y su valor aproximado, y así procurar recoger para el régimen jurídico
de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de
contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos
no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación.
Concomitante con lo anterior, la Procuraduría General de la Nación frente al
alcance del principio de planeación se ha referido en los siguientes términos: 209
«…El principio de planeación es una manifestación del principio de
economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se
desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta
disposición.
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea
producto de la improvisación; en consecuencia en virtud de este principio,
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y
económica (…)
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12
citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del
proceso de selección, o la celebración del contrato, según el caso, tengan
previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la
reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les
permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación de modo que,
a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que
en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma
importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación
208 Ley 80 de 1993, art. 3°: De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos que al celebrar contratos
y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboraran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una función social que, como tal, implica obligaciones.
209 Fallo de segunda instancia del 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la
Contratación Estatal. Radicación No. 120-2216-2006, cita de la Procuraduría General de la Nación en
Recomendaciones para la elaboración de estudios previos. Aplicación del principio de planeación en la
contratación de las entidades públicas, páginas 8 y 9.
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