FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

el mismo constituye una consulta o concepto profesional emitido el 25 de octubre
de 2010 a solicitud del implicado, cuyo análisis se efectuará a la luz de las pruebas
y la normatividad que se consideró vulnerada. 40
El citado estudio, parte como primera medida, de considerar al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, como una entidad estatal, de conformidad con el
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y a sus contratos, regidos por las reglas y
principios del Estatuto de Contratación Estatal, según lo prevé el artículo 1 ibídem.
En relación con lo que denomina opinión legal frente al objeto de análisis, se
circunscribe a examinar si el objeto de los convenios de cooperación científica y
tecnológica suscritos entre el Ministerio de Agricultura y el IICA, se tipifican dentro
de aquellos que la Ley 80 denominó ―para el desarrollo directo de actividades
científicas y tecnológicas‖, o ―contratos para el desarrollo de actividades científicas
y tecnológicas‖, según la ley 1150 de 2007, en los que la escogencia y selección
del contratista debe realizarse a través de la contratación directa.
Luego de realizar una transcripción de los artículos 24 de la Ley 80 de 1993; 2° de
la Ley 1150 de 2007; 80 del Decreto 2474 de 2008, y de los decretos 393 de 1991,
artículos 1, 2, 6, 7 y 8, y Decreto 591 de 1991, artículos 2, 8, 9 y 17; así como del
objeto, actividades y obligaciones de cada uno de los convenios en estudio,
señaló, que no es la actividad de ejecución de actividades científicas y
tecnológicas en sí misma considerada la que determina la procedencia de la
contratación directa, sino la finalidad a la que se dirige. Expone, que tanto la ley 80
de 1993, como la ley 1150 de 2007, establecen diferentes criterios para determinar
la modalidad de selección aplicable, entre ellos, el tipo contractual a celebrar o el
objeto al que se dirige, sin que ninguno de ellos se refiera a la actividad a ejecutar
propiamente dicha; hecho que –en su sentir- se corrobora con la integración
normativa que resulta de la remisión al decreto 591 de 1991, tal y como lo ordena
el decreto 2474 de 2008.
Por otra parte, resalta el contenido de los artículos 2 y 17 del decreto 591 del 91,
manifestando que en ellos se señalan ciertas actividades que se consideran
científicas y tecnológicas, y la finalidad de los convenios de cooperación, como el
de facilitar, fomentar o desarrollar alguna de esas actividades; dichas normas –en
su criterio-, diferencian las actividades propiamente dichas y el objeto o finalidad
en virtud del cual el convenio se celebra. Para citar un ejemplo de la procedencia
de los contratos o convenios en función de la finalidad a la que se dirigen y no a la
actividad a desarrollar, trae a colación el artículo 8 del decreto 591 de 1991, sobre
la celebración de contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y
tecnológicas, aduciendo que, siendo el financiamiento un contrato atípico que
podría comprender entre otros elementos algunos del contrato de mutuo, éstos en
sí mismos, no son actividades científicas o tecnológicas.
Destaca igualmente el artículo 9 del citado decreto, afirmando que al utilizar la
expresión ―para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas previstas en
este Decreto, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con
40 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia,
los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15-80 piso 24 PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
42