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asignación preferente a pequeños y medianos productores, que, como ya se
manifestó, no la exigía la Ley 1133, tan solo se hace referencia a distorsiones en la
aplicación del Programa AIS, cuya detección correspondía al operador del
Convenio de Cooperación, a quien le correspondía la verificación de la información
suministrada, incluso con visitas a los lugares de ejecución de los proyectos, con
su propio personal, o con personal por él seleccionado y contratado, de acuerdo
con los términos del propio Convenio, y de los denominados “términos de
Referencia”. Convenio que, adicionalmente, en su cláusula décimo tercera,
dispuso la conformación de un Comité Interventor con funciones propias,
establecidas en la cláusula décimo cuarta, y que previó incluso la posibilidad, de
constituir, por parte del MADR, un “comité consultivo”, con la finalidad de asesorar
al Interventor. Instancias éstas que, por contar con la posibilidad directa de
verificar la documentación aportada por los postulantes a los apoyos económicos
dispuestos por la Ley 1133, estaban por lo menos, en condiciones de detectar
posibles irregularidades, e informarlas a los niveles superiores de dirección y
orientación.
Dado que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra probado y
demostrado que en ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
aplicación del principio de responsabilidad incurrió el Dr. RODOLFO CAMPO
SOTO, ninguna vulneración a dicho principio le puede ser endilgada. Aunque mal
puede afirmarse que en el caso bajo análisis hubo algún proceso de contratación,
es lo cierto que los propósitos buscados por el INCODER al suscribir el Convenio
de Cooperación se cumplieron, que, en lo concerniente al Grupo 2 de proyectos,
los recursos se ejecutaron correctamente, y que los derechos de la entidad y de
terceros no se vieron afectados por la ejecución del Convenio de Cooperación. Así
mismo, no puede desconocerse que el Dr. CAMPO SOTO ejerció sus funciones en
la forma prevista por la Constitución, la ley el reglamento, y que, en lo que a él
respecta, colocó la función administrativa al servicio de los intereses generales,
desarrollándola con apego a los principios enunciados en el artículo 209 de la
Constitución Política. […]‖
En los alegatos de conclusión se reiteran prácticamente los anteriores
planteamientos.
4.5.1.4. Caso concreto
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas y las pruebas practicadas,
encontramos que no se desvirtúa el primer cargo formulado en contra del
implicado RODOLFO CAMPO SOTO, por las razones que se indicaran
seguidamente:
En primer lugar tenemos, que el señor CAMPO SOTO en su calidad de Gerente
General del INCODER, junto con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
también implicado dentro de las presentes diligencias, expidió la resolución 005
del 4 de enero de 2008, mediante la cual se establecieron los criterios, requisitos,
procedimientos y se aprobaron los términos de referencia para adelantar la
convocatoria pública de riego y drenaje N° 1, relacionada con el convenio N° 055
de 2008.
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