FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Centro Piloto de Procesamiento Preindustrial de Guadua en el municipio
de Buga (Valle), con equipos avanzados de diseños exclusivos para
iniciar la transferencia de tecnología para el procesamiento de guadua
colombiana, lo que beneficia a más de 320 familias productoras de la
zona.
Ejemplos como los mencionados, dejan claro porque en algunos casos la
implementación del programa requería de contratación directa y/o se adecuaba a
alguna de las formas de asociación en ciencia y tecnología, negar que los estudios
señalados son ciencia y tecnología, que se requería capacitación y publicación de
cartillas, en esos casos, como en otros que también forma parte del programa, no
es posible.
Como quiera que el concepto del Dr. Arrieta, analiza el objeto de los convenios
antes de tocar tal tema nos referiremos al mismo:
En relación con este documento el Despacho atenderá su contenido teniendo en
cuenta que el mismo constituye una consulta o concepto profesional, cuyo Análisis
se efectuará a la luz de las pruebas y la normatividad que se consideró
vulnerada. 71
El citado estudio, parte como primera medida, de considerar al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, como una entidad estatal, de conformidad con el
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y a sus contratos, regidos por las reglas y
principios del Estatuto de Contratación Estatal, según lo prevé el artículo 1 ibídem.
En relación con lo que denomina opinión legal frente al objeto de análisis, se
circunscribe a examinar si el objeto de los convenios de cooperación científica y
tecnológica suscritos entre el Ministerio de Agricultura y el IICA, se tipifican dentro
de aquellos que la Ley 80 denominó ―para el desarrollo directo de actividades
científicas y tecnológicas‖, o ―contratos para el desarrollo de actividades científicas
y tecnológicas‖, según la ley 1150 de 2007, en los que la escogencia y selección
del contratista debe realizarse a través de la contratación directa.
Luego de realizar una transcripción de los artículos 24 de la Ley 80 de 1993; 2° de
la Ley 1150 de 2007; 80 del Decreto 2474 de 2008, y de los decretos 393 de
1991, artículos 1, 2, 6, 7 y 8, y Decreto 591 de 1991, artículos 2, 8, 9 y 17; así
como del objeto, actividades y obligaciones de cada uno de los convenios en
estudio, señaló, que no es la actividad de ejecución de actividades científicas y
tecnológicas en sí misma considerada la que determina la procedencia de la
contratación directa, sino la finalidad a la que se dirige. Expone, que tanto la ley
80 de 1993, como la ley 1150 de 2007, establecen diferentes criterios para
determinar la modalidad de selección aplicable, entre ellos, el tipo contractual a
celebrar o el objeto al que se dirige, sin que ninguno de ellos se refiera a la
actividad a ejecutar propiamente dicha; hecho que -en su sentir- se corrobora con
71 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.
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