FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

disciplinaria, con un margen de apreciación más amplio que el del juez penal”, lo
cual tiene, según la Corte Constitucional, su correlato necesario de la “existencia
de un mayor margen de apreciación para el fallador disciplinario al momento de
efectuar la adecuación típica de una conducta a la definición normativa de la falta
a sancionar” 596
Nótese como tal facultad se tiene en el momento del fallo, esto es, el acto
principal que pone fin a las instancias, aquel en el cual se resuelven todos los
extremos de la litis, tal como ocurre en la oportunidad que nos ocupa.
Se trata de una variación menor de la calificación jurídica provisional, que no
implica acto especial previo, esto es, la utilización de la herramienta contenida en
el inciso final del artículo 165 de la ley 734 de 2002.
Y no necesita tal acto especial en tanto con el mismo se busca asegurar que no
se sorprenda al procesado con una imputación de mayor rigor o reproche,
obviamente, siempre y cuando se mantenga el núcleo básico de la imputación.
Así lo ha entendido pacíficamente la jurisprudencia penal a través de su historia y
acaba de ser recientemente reconocido por la Jurisprudencia Constitucional, al
señalar que se respeta la estructura básica del procedimiento cuando se varía la
imputación inicialmente realizada, no para agravar sino para atenuar, lo cual no
contraría “ni los fundamentos, ni la dinámica del derecho disciplinario”: “Carecería
de sentido que formulada una imputación dolosa, no haya lugar a su atenuación a
título de culpa gravísima o incluso grave o leve pues la calificación de la falta
realizada en el pliego de cargos no puede reputarse definitiva” 597
La culpa por tanto será considerada como GRAVE. Las pruebas demuestran que
si bien existen actas en las que se dejaron consignados los temas tratados por el
Comité, no se evidencia que los integrantes del mismo, hayan hecho el
seguimiento, la supervisión y la evaluación, que los manuales de interventoría y el
convenio les exigía cumplir, pues para el caso de los retrasos presentados en
algunos de los proyectos del Cesar, ejecutados dentro de la convocatoria de
riego y drenaje, no se pidieron al IICA explicaciones de los ni se hizo ninguna
consideración sobre ese hecho.
Quiere decir ello, que no bastaba con que el IICA, reportara los retrasos, sino que
era necesario que en ejercicio del poder de dirección -radicado en cabeza del
comité administrativo-, se pidieran las explicaciones pertinentes y se tomaran las
medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de
financiamiento, bien fuere solicitando al IICA un mayor control y efectividad al
cumplimiento de las obligaciones pactadas, o logrando que se hicieran efectivas
las debidas garantías.
596
Corte Constitucional, sentencia T-1093 de noviembre 4 de 2004, M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA.
597
Corte Constitucional, sentencia SU-901 de septiembre 1 de 2005, M.P. JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO.
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