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La doctora TULIA EUGENIA MENDEZ determinó que se presentaron a la oficina
jurídica los estudios previos para la elaboración del convenio 03 de 2007,
radicados por la Dirección de Comercio y Financiamiento, dando cuenta de la
necesidad de esa Dirección de realizar la contratación; explicando que la oficina
jurídica partir de los requerimientos hechos por los directores que suscriben los
estudios previos y los elaboran, tiene la obligación, de revisar, cual es la forma de
contratación que debe emplearse a partir de la necesidad fijada y estudiada por
esos directores, por lo que a partir de los documentos entregados por la dirección
en mención, la oficina jurídica encontró que la forma legal de suplir la necesidad
era a través de la aplicación de la ley de ciencia y tecnología, como causal de
contratación directa, y en ese sentido se elabora el convenio especial de ciencia y
tecnología; agrega además, que conoció los términos de referencia remitidos por
la Dirección de Comercio y Financiamiento para la elaboración del convenio 03 de
2007, sin los cuales no se hubiese podido realizar el contrato, conteniendo la
necesidad de lo que se iba a contratar, las obligaciones, con quien se iba a
contratar, por cuanto se iba a contratar, el plazo, entre los datos más relevantes,
los cuales desde el punto de vista jurídico cumplían con lo señalado en el artículo
2170 de 2002, haciendo parte de los estudios previos, entendiendo como estudios
previos todo lo que sirve de antecedente para la elaboración del convenio; sin
embargo no recordó la existencia de un documento previo denominado estudios
previos, anotando la existencia de unos términos de referencia; indicó que toda la
parte precontractual es de responsabilidad de las direcciones, incumbiendo a la
oficina jurídica sólo verificar que esos documentos cumplan con lo indicado en el
decreto 2170 artículo 8, para que fueran estudios previos, aunque para el caso no
se exigía estudios previos, se realizaron. En lo atinente al manual de contratación
estableció que el aplicable era el adoptado en el año 2004, por cuanto el trámite
de contratación inició el 28 de agosto de 2006, en el cual no se fijaba un
procedimiento para las modalidades especiales de contratación, como el caso de
los convenios de ciencia y tecnología. Respecto a la responsabilidad de la
formulación del proyecto AIS para el año 2006 al interior del Ministerio, concretó
que recayó en la Dirección de Comercio y Financiamiento, conforme consta en la
ficha EBI del proyecto.
No obstante que algunos de los deponentes tratan de explicar la razón por la cual
el convenio en cuestión es de ciencia y tecnología y que por tanto a pesar de no
requerir estudios, éstos si se hicieron cumpliendo con las exigencias del caso, lo
cierto para el despacho es que aunque si bien es cierto el decreto 393 de 1991,
señala que dichos convenios se someten a las normas del derecho privado, ello no
significa que para los mismos no se requiera de estudios previos, toda vez que, a
los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica, le son igualmente
aplicables las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, norma que es
posterior a los decretos referenciados.
Entonces, no es cierta la tesis expuesta por los declarantes cuando afirman que
dichos convenios especiales de cooperación, no requerían de estudios previos.
Ello, por cuanto que, con la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, se
introdujeron nuevas reglas que modificaron parte del régimen especial previsto en
los decretos 393 y 591 de 1991.
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