FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Finalmente, es de resaltar que la información respecto a los gastos de
administración y operación de los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 037 de
2009 fue entregada por la misma Dirección de Planeación y Seguimiento
Presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual fue ratificada
mediante visita realizada los días 12 y 13 de abril de 2011, lo que permite
determinar con certeza los montos de apropiación, inicial definitiva, ejecución,
saldos no comprometidos y porcentajes de destinación de las vigencias 2007,
2008 y 2009 en forma desagregada por cada concepto desembolsado. Este
aspecto específico y los demás frente a los cuales se le formula reproche
disciplinario a la funcionaria Gisela Torres Arenas, son analizados puntualmente al
determinar la responsabilidad que cabe a la mencionada funcionaria.
En cuanto a los alegatos de conclusión presentados en defensa de la señora Alba
Sánchez Ríos, el Dr. Quintero, actuando como su apoderado, manifiesta en escrito
del 8 de julio de 2011 que no existe compromiso de la responsabilidad de su
prohijada en relación con el ejercicio de sus funciones de interventoría en los
convenios del Programa "Agro Ingreso Seguro", ni ello tampoco aparece
demostrado. Así mismo, indica que un examen en sana crítica de las pruebas
impide afirmar que la delegataria omitió vigilar y controlar la ejecución y desarrollo
de los mencionados convenios. Posteriormente realiza argumentaciones que
pretenden demostrar la inexistencia de las conductas endilgadas a la funcionaria
Gisela Torres Arenas, en el sentido de considerar que las actividades que debían
ser desarrolladas por ésta fueron ejercidas o no le eran exigibles. Finalmente,
considera que este ente de control no ha demostrado que exista ilicitud sustancial
en la conducta cuya comisión se reprocha a su poderdante y que no hay culpa
gravísima alguna en su conducta.
En cuanto a lo primero, afirma que la responsabilidad de la disciplinada por el acto
de delegación llega únicamente hasta la decisión o acto mismo de delegar. La
delegación de las funciones de interventoría y supervisión de los contratos
estatales se inscribe dentro del régimen general de delegación administrativa
consagrado en el canon 211 superior y en los artículos 9 a 12 de la ley 489 de
1998. Para la contratación administrativa, el acto de la firma expresamente
delegada, no exime de la responsabilidad civil y penal al agente principal. La
responsabilidad del delegante, de acuerdo con la doctrina nacional sobre el tema,
se reduce únicamente a la decisión de delegar, pero no a lo decidido o realizado
por el delegado.
Según la argumentación del libelista, el delegante de las funciones de interventoría
y supervisión de los contratos estatales tiene las mismas responsabilidades, frente
a los actos del delegado, que los delegantes bajo el régimen general,
respondiendo disciplinariamente únicamente cuando omitan cumplir
injustificadamente, como deberes funcionales suyos, informarse del desarrollo de
las delegaciones, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de la
delegación, reasumir la competencia cuando sea necesario y revisar o revocar los
actos expedidos por el delegatario. En este orden de ideas, la responsabilidad del
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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