FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

profundo y no formal, es decir, ir más allá del título del documento, para tal efecto
atendiendo los requisitos mínimos señalados en el decreto 2170 de 2002 en
consonancia con los criterios orientadores de la Jurisprudencia del Consejo de
Estado, la Doctrina de la Procuraduría General de la Nación expuesta en
diferentes fallos y la de algunos tratadistas expertos en temas de contratación
pública, se ultima que el documento términos de referencia para el convenio 003
de 2007, no corresponde a unos estudios previos, toda vez que no contiene o
cumple las exigencias, como a continuación se demostrará.
De la definición de la necesidad que la entidad estatal pretende
satisfacer con la contratación. 101 (Decreto 2170 de 2002, art. 8º,
numeral 1°)
La etapa previa a la celebración del contrato o convenio responde a un claro
lineamiento del principio de planeación, inmerso en el principio de economía
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y frente al deber de realizar
estudios previos, en los numerales 7 y 12 prevé la necesidad de definir con
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o de la firma del
contrato, según el caso, la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y
las autorizaciones y aprobaciones para ello e igualmente elaborar los estudios,
diseños y proyectos requeridos.
Para el caso en concreto, en el documento Términos de Referencia suscrito por la
implicada CAMILA REYES DEL TORO, no se trata suficientemente acerca de la
necesidad de la contratación, ni siquiera encontramos un capítulo destinado para
ello, no existiendo así un real análisis de la conveniencia o inconveniencia del
objeto contractual, pues la descripción general de una normativa (decretos y leyes)
en materia agrícola dista mucho de ser considerada como una justificación para
escoger o justificar la razón por la cual se debe realizar una convocatoria de este
tipo, tampoco se hace un estudio de los argumentos por los cuales a través de una
invitación pública se va a lograr un incremento en la productividad y competividad
del sector agropecuario nacional, ni se indica los motivos por los cuales una
convocatoria pública de riego va a satisfacer el cumplimiento de los objetivos
fijados.
101 “B. ANALISIS DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL. (…). No todos los objetos
contractuales requieren de las mismas consideraciones y análisis desde el punto de vista de la oportunidad y conveniencia.
En algunos casos, la sola referencia a un elemento acredita la necesidad de la entidad. La adquisición, por ejemplo, de
papelería, tintas y en general útiles de escritorio, no requiere de un estudio detallado que justifique porqué la entidad los
requiere. Igualmente la existencia de programas de compras facilita el análisis pero no lo excluye. A pesar de la existencia
de planes de adquisiciones las entidades deberán con anterioridad al inicio del proceso de selección, convalidar
nuevamente la información para verificar la existencia de la necesidad y determinar la conveniencia de la prestación, las
condiciones de pago, los precios del mercado, etc. Referiré a continuación algunos aspectos que deberían considerarse
para cumplir el requisito previo que nos ocupa, no sin antes aclarar que para cada caso su cumplimiento y desarrollo podría
tener particularidades. I. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD. La determinación y el conocimiento de las necesidades de
las entidades es la primera condición para realizar el estudio. Las áreas técnicas y/o administrativas de las entidades o el
ordenador del gasto deberán efectuar un estudio sobre los requerimientos indispensables para cumplir adecuadamente con
su gestión (art. 8º Dcto. 2170 de 2002). La elaboración de los planes de compras o adquisiciones no exoneran a las
entidades estatales para que, con anterioridad al inicio del proceso de selección, identifiquen la necesidad que se debe
satisfacer con el contrato, ya que tales planes son establecidos, por regla general, con una anterioridad importante al inicio
del trámite precontractual, y por tanto la actualización de la información se impone (...).» (PINO RICCI JORGE. El régimen
jurídico de los contratos estatales. Universidad Externado de Colombia, 1ª. Ed. Diciembre de 2005, págs. 162-163.)
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