FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

normatividad que no se ajusta al objeto que se pretende contratar, e igualmente se
prescinde del estudio económico que debe anteceder a la contratación, y con el
cual se busca garantizar la inversión de una manera más eficiente. En efecto, en
la disponibilidad presupuestal, solamente se indica que el presupuesto se estima
en seis mil millones de pesos, los cuales se destinaran a la conformación y
funcionamiento de la unidad coordinadora del programa, la divulgación y
socialización de la política pública, al funcionamiento de una línea de atención
nacional y una página web del AIS, viáticos y rubro de imprevistos, sin determinar
cuál fue el estudio a través del cual se llegó a establecer el valor estimado del
convenio; pues no basta con que se señale el valor del presupuesto, sino que
como mínimo, se debe consultar si el objeto a contratar lo había sido con
anterioridad, y haber hecho un análisis de valores de las cotizaciones y haber
consultado el Catalogo Único de Bienes y Servicios -CUBS- y del Registro Único
de Precios de Referencia – RUPR, para dejar claramente definidos los criterios
tenidos en cuenta para el cálculo de la determinación del presupuesto oficial.
De igual manera, en cuanto a los fundamentos jurídicos de la contratación, -para
efectos de determinar la modalidad -, solamente se citan las siguientes normas
―Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Ley 489 de 1998 y
Decreto 591 de 1991‖, sin determinar los artículos correspondientes, ni efectuar un
análisis en cuanto a su aplicabilidad. No basta con que se señalen normas de
carácter general, sino que es necesario determinar el alcance de las mismas y su
aplicabilidad a cada caso concreto. El anterior análisis, como se dijo, se echa de
menos, toda vez que no existe un solo elemento de juicio a través del cual se
determine que el objeto del convenio, así como las actividades a ejecutarse dentro
del mismo, se subsuman dentro de las actividades que determina la ley como de
ciencia y tecnología.
Es claro que dentro de la descripción del objeto contratar se estipuló: “la
cooperación entre el MADR y el IICA mediante la unión de esfuerzos, recursos,
tecnología y capacidades, para impulsar la implementación, desarrollo,
divulgación, socialización y ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro –AIS‖,
programa que a su vez, estaba destinado a proteger los ingresos de los
productores que resultaren afectados ante las distorsiones derivadas de los
mercados externos, y a mejorar la competitividad en todo el sector agropecuario
nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía. Sin embargo,
dentro del citado estudio previo no se efectuó un análisis del porqué la
implementación, desarrollo, divulgación, socialización y ejecución del Programa
Agro Ingreso Seguro, podía considerarse como una actividad científica y
tecnológica.
Efectuadas las anteriores reflexiones, en seguida entraremos analizar las pruebas
solicitadas por la defensa para controvertir el primer cargo formulado.
De la totalidad de las pruebas solicitadas, el abogado defensor en sus alegatos se
refiere exclusivamente a los testimonios de la doctora TULIA EUGENIA MENDEZ
y OSKAR SCHRODER, quienes fueran jefes de la Oficina Jurídica del Ministerio
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15-80 piso 24 PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
37