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personas públicas o privadas contratos de administración de proyectos‖,
reconociendo que una cosa son los criterios establecidos para considerar a una
actividad como científica y tecnológica y otra los criterios para determinar que un
contrato relacionado con las mismas puede ser objeto de una determinada forma
de contratación.
Finalmente al examinar los artículos 1, 2, 6 y 7 del Decreto 393 de 1991,
manifiesta que sus disposiciones tienen igual sentido que las del Decreto 591 de
1991, pues para adelantar actividades científicas y tecnológicas es procedente la
celebración de convenios especiales de cooperación, que, entre otras cosas, se
dirijan a facilitar y/o fomentar el desarrollo y el financiamiento de proyectos que
incorporen mejoras científicas o tecnológicas a la producción nacional. En síntesis,
señala que lo que ha de tenerse en cuenta para efectos de la determinación de la
procedencia de una contratación directa, es la claridad de que lo contratado tiene
como objeto el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, entendido ello,
como la facilitación, fomento o promoción de las mismas.
De conformidad con lo expuesto, aduce que el proceso de otorgamiento de
financiación para la ejecución de proyectos de infraestructuras de riego y drenaje,
para mejorar la productividad mediante la incorporación de tecnología, están
dirigidas al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y pone de presente
que algunas de las actividades encomendadas al IICA, revisten la naturaleza de
científicas y tecnológicas; esto es, la verificación de las iniciativas presentadas, la
asesoría a los interesados y la interventoría y acompañamiento en la ejecución de
los proyectos, las cuales comportan la ejecución de actividades científicas y
tecnológicas. Por lo tanto, -a su juicio-, los convenios en cuestión, tienen un
componente de transferencia de tecnología, a través de la implementación de los
proyectos correspondientes, lo que resulta catalogable como un contrato de
administración de proyectos, previsto expresamente en el artículo 9 del decreto
591 de 1991 del siguiente tenor: ―Para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas previstas en este Decreto, la Nación y sus entidades
descentralizadas podrán celebrar con personas públicas o privadas, contratos de
administración de proyectos‖; hecho, con el que se corrobora que los convenios
cuestionados, tienen la naturaleza de contratos para el desarrollo de actividades
de ciencia y tecnología, concluyendo, que como quiera que las normas aplicables
no se refieren a la actividad misma sino a la finalidad del contrato, éstos podían
realizarse de manera directa.
En su declaración juramentada rendida dentro de las presentes diligencias, el
doctor ARRIETA sobre el tema de estudios, manifestó que su concepto no trataba
ese tema, pero a su vez señaló que aplicando la regla general en materia de
contratación estatal, todo contrato estatal requiere de estudios previos.
Otras de las pruebas solicitadas para demostrar la fecha de realización de los
estudios cuestionados, así como del convenio al cual se corresponden como su
antecedente, fue escuchar en declaración juramentada a CAMILA REYES DEL
TORO, quien desempeñaba el cargo de Directora de Comercio y Financiamiento
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