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posibles ajustes, decisiones sobre la marcha de un proyecto de tanta envergadura;
en el numeral 3 deja en manos del IICA la realización de la interventoría técnica,
financiera, administrativa y legal de la ejecución de los proyectos correspondientes
a la convocatoria de riego y drenaje sin definir siquiera unos requisitos mínimos
que deban cumplir estos interventores o unos parámetros mínimos objeto de
verificación y evaluación en las interventorías realizadas; en el numeral 14 indica
que el IICA le prestará al MINISTERIO todo el apoyo y acompañamiento
científico, técnico y administrativo necesarios para el desarrollo de las actividades
propias del convenio, sin embargo no hay ningún análisis que especifique en que
consiste el acompañamiento científico, que actividades comprende; en el numeral
20 se indica que al IICA le corresponde almacenar, custodiar y mantener las
memorias, archivos, y en general todos los documentos que se produzcan durante
la ejecución del Convenio, los cuales deberán ser entregados a EL MINISTERIO
una vez culmine el mismo, pudiéndose quedar una copia para el archivo del IICA,
sin que se haga salvedades relacionadas con que esos documento siguen siendo
del Estado Colombiano y gozan de ninguna inmunidad o protección diplomática, al
punto que pueden ser solicitados y consultados en cualquier momento por el
mismo MADR y por organismos de control, situación que ha sido dificultosa pues
para el acceso a ello se requiere acudir a mecanismos y vías diplomáticas.
No reposa ningún estudio para determinar el plazo del convenio hasta el 31 de
diciembre de 2010, aspecto en el cual se deben tener en cuenta los tiempos
administrativos de perfeccionamiento y legalización del contrato y el principio de
anualidad presupuestal y Plan Anual de Caja. 288
En punto a la naturaleza del convenio fijada por el MADR, esto es de ciencia y
tecnología no obra ningún estudio que especifique cuáles son las actividades
tecnológicas y científicas que desarrollaría el IICA, en qué consiste el aporte en
especie del IICA y cuáles los resultados esperados.
En conclusión al dejar el legislador en cabeza de cada entidad estatal la
responsabilidad de definir el objeto por contratar, demanda del servidor público su
máximo grado de diligencia y cuidado para que mediante un estudio concienzudo
y riguroso obtenga toda la información necesaria y conozca cada uno de los
aspectos y especificidades del objeto por contratar como si ella misma lo fuera
ejecutar, de ahí la importancia de una sustentación técnica basada en la
delimitación de las necesidades de la entidad, pues cada contrato que pretenda
celebrar exige un grado de planificación propio y diferente a otro tipo contractual.
3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
(Decreto 2474/08, art. 3°, # 3°)
288 Lo anterior significa que el plazo que se determine para la ejecución del contrato, que debe ir en concordancia
con su naturaleza (de ejecución instantánea o de tracto sucesivo) y con la forma de pago del bien o servicio, debe
verificarse frente a las limitaciones que establecen las normas presupuestales. (Procuraduría General de la Nación.
Recomendaciones para la elaboración de estudios previos. Aplicación del principio de planeación en la
contratación de las entidades públicas. Bogotá, 2010, págs. 18- 19).
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