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la inobservancia de normas positivas en cuanto ello implique el quebrantamiento
del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le
incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas. En este
sentido también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta
administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el
desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la
consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de
castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que -
por contrapartida lógica- son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de
cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado
o diligencia».630
Por otro lado, el despacho analizó la conducta omisiva de la implicada en las
medidas necesarias para elaborar el Acta de liquidación del convenio 03 de 2007,
referentes a cláusula décima octava la cual consagra que: «El presente convenio
se liquidará de común acuerdo entre EL MINISTERIO y el IICA, procedimiento que
se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización o a la
fecha de acuerdo que la disponga. La liquidación se efectuará mediante acta en la
cual se describirán en forma detallada todas las actividades y los recursos
ejecutados. El Acta de Liquidación será firmada por el Secretario General de EL
MINISTERIO, y por el Representante de la Oficina del IICA en Colombia, previo
visto bueno del Comité Interventor del Convenio».631
Considera el despacho que la implicada transgredió la normatividad citada, al no
elaborar y tramitar oportunamente el Acta de Liquidación del convenio, la cual
según la cláusula VIGESIMA TERCERA, debía realizarse de común acuerdo,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización; acta que debía detallar
tanto las actividades desarrolladas como los recursos ejecutados. De otro lado, si
se tiene en cuenta que el plazo pactado en el convenio iba hasta el 31 de marzo
de 2008, el cual posteriormente fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año, la liquidación debió elaborarse y tramitarse dentro de los (4) cuatro
meses siguientes.
No obstante, según se desprende del Acta No. 9 de 27 de abril de 2009,632 el
comité interventor, dejó constancia de no poder adelantar el respectivo proceso
de liquidación, al no haber recibido el informe final de ejecución técnica y
financiera por parte del IICA, el cual, -a esa fecha-, aún no le había sido
entregado; circunstancia que evidencia el incumplimiento de las obligaciones de
la interventoría, al no adoptar oportunamente las medidas correspondientes, o
formular por escrito los requerimientos respectivos para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, como lo es, para el caso, la liquidación del
convenio.
Aunque en los descargos se mencionan las actas 10 de fecha 13 de mayo de
2009 del comité interventor del convenio 03 de 2007, manifestando que no se ha
630 Sentencia C-818 de 2005 CDU de Contratación Estatal – Deber funcional.
631 Folios 96 y 97 Anexo 5.
632 Anexo 2 folio 125
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