FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

El Consejo de Estado ha sido ampliamente reiterativo en la aplicación de los
principios de la contratación estatal a los procesos licitatorios, que no son ajenos a
la contratación directa, 517 en otras palabras, tanto para la selección de contratistas
a través de la licitación pública, regla general, como mediante la contratación
directa, como mecanismo excepcional, es preponderante el acatamiento de estos
principios y con mayor incidencia en la etapa precontractual. La excepcionalidad
de este procedimiento para celebrar contratos con mayor agilidad y simplicidad en
aquellos eventos taxativamente consagrados por la ley no puede tomarse como
pretexto para soslayar los principios rectores de la contratación estatal fijados en
los artículos 24, 25, 26 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo de los principios de la
función administrativa establecidos en el artículo 209 Constitucional.
«La doctrina y la jurisprudencia han esbozado como principios fundamentales del
proceso licitatorio los de libertad de concurrencia, igualdad, publicidad y
transparencia. La Ley 80 de 1993 consagró como principios de la contratación
estatal los de transparencia, economía y responsabilidad, a los cuales ha sumado
los de planeación y el de selección objetiva. Por lo demás, el procedimiento
precontractual que adelanta la administración, es un típico procedimiento
administrativo, sujeto a los principios orientadores de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, señalados en el artículo 3 del
C.C.A. y en el artículo 209 de la Carta. La ley como se señaló, y lo ha manifestado
la jurisprudencia, estableció que los principios generales que rigen la contratación
pública en general y la función administrativa, son igualmente aplicables a la
contratación directa. Recapitulando, es menester señalar que la Ley 80 de 1993,
Estatuto de General de la Contratación de la Administración Pública, se encuentra
fundamentado en los principios constitucionales, rectores de la función
administrativa, generales del derecho, de interpretación de los contratos,
particulares del derecho administrativo y los establecidos directamente en el
mismo, de los cuales la Sala sólo se ocupara de aquellos con mayor incidencia en
el asunto en estudio y de aplicación en la etapa precontractual, en tanto la
licitación pública y la contratación directa, temas centrales del Decreto 2170 de
2002 demandado, son los dos procesos de selección vigentes que regulan la
formación de la voluntad del Estado en esta actividad.» 518 (Negritas y subrayado
fuera de texto)
«Así, bajo la filosofía jurídica que animó la Ley 80 de 1993, como atrás se explicó,
la contratación directa es un procedimiento excepcional a la licitación y concurso
públicos para celebrar contratos con mayor agilidad y simplicidad en los precisos
eventos contemplados taxativamente en la ley; sin embargo, so pretexto de una
mayor brevedad en este proceso de selección no se pueden soslayar los principios
rectores de la contratación estatal y de la función administrativa establecidos en el
artículo 209 de la Constitución y recogidos en el artículo 23 de la citada ley, que
DEBEN ser tenidos en cuenta sin importar la forma utilizada en la escogencia
517 Ver Autos de 14 de agosto de 2003, Exp. 22.848, y de 30 de septiembre de 2004, Exp. 26945; y Sentencias de 10 de
agosto de 2000, Exp. 12.964, 15 de julio de 2004, Exp. AP 1156-02, 14 de abril de 2005, Exp. AP 01577; 20 de abril de
2005, Exp. 14.519
518 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Dte: Carlos Velasquez y Otros. Ddo: Nación-
Presidencia de la República y Otros. Ref: Acción de Nulidad en contra del Decreto 2170 de 30 de septiembre de 2002. Rad.
11001-03-26-000-2003-00014-01- (24715)
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