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permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por
medio de la celebración de los diferentes contratos.»
En este orden de ideas, los principios rectores de la contratación estatal
deben ser tenidos en cuenta sin importar la forma utilizada en la escogencia
de la mejor propuesta por voluntad explícita del legislador. Los numerales 7 y
12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, legalmente se encuentran contenidos
dentro del denominado principio de economía, postulados éstos que
doctrinalmente son conocidos como parte esencial del principio de planeación, eje
central que determina el éxito de la contratación estatal y asegura la eficiente
inversión de los recursos públicos en aras de garantizar el cumplimiento de los
fines de la contratación estatal 210 . De ahí que la etapa precontractual o etapa
previa sea el baluarte y la fortaleza para determinar la viabilidad técnica, jurídica y
económica de un proyecto y proteger los recursos del patrimonio público.
El anterior análisis fundamento en la normatividad aludida y conceptos
jurisprudenciales como criterios orientadores en esta decisión, dejan desestimado
el testimonio que rindió sobre este aspecto el Dr. OSKAR AUGUST SCHROEDER
MULLER 211 , quien señaló que en su concepto los estudios previos no se requieren
por cuanto el artículo 8 del decreto ley 393 de 1991 establece que tratándose de
convenios de ciencia y tecnología el régimen aplicable es de derecho privado, de
ahí que los estudios previos previstos por el artículo 8 del decreto 2170 no serían
aplicables para el convenio 055 de 2008, así como tampoco para los convenios
052 y 037 de 2009 en virtud del artículo 3 del decreto 2474 de 2008.
El declarante agregó que pese a que no se requerían estudios previos, como lo
señaló, también indicó que en aras de garantizar los principios de planeación y
responsabilidad que deben observar los funcionarios del MADR estos documentos
fueron elaborados. Para el caso del convenio 055 de 2008 agregó que estos
documentos fueron enviados a la Oficina Jurídica por parte del Director de
Desarrollo Rural JAVIER ROMERO y contenían cabalmente todos los requisitos
del artículo 8 del decreto 2170 de 2002, convenio respecto del cual al momento de
su posesión, esto es para el 2 de enero de 2008, ya se encontraba la etapa
precontractual y la minuta del mismo, documentos que procedió a revisar
encontrando que los mismos cumplían con lo establecido en el artículo 8 del
decreto ley 393 de 1991 así como los postulados vigentes del decreto ley 591 de
1991.
Este Despacho no puede dejar de pronunciarse frente a lo expuesto por el
Declarante SCHROEDER quien manifestó que la Procuraduría General determinó
210 Ley 80 de 1993, art. 3°: De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos que al celebrar contratos
y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboraran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una función social que, como tal, implica obligaciones.
211 Abogado quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de Jefe de la Oficina Asesora jurídica del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el momento de la suscripción de los convenios 055 de 2008, y 052
de 2009. Rindió testimonio el 26 de abril de 2011.
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