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expone el ilustre tratadista y hoy consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, en su Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, Página 391.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004.
En la reunión del Comité Interventor del 29 de julio de 2009, según el acta # 12, se
determinó que el informe preliminar presentado no reunía los requisitos necesarios
para adelantar la liquidación, concretó las acciones pendientes y dispuso
comunicar al IICA estas cuestiones para que completara el informe final. Juan
David Castaño instruyó al señor Juan Sebastián Díaz, funcionario de la Dirección
de Desarrollo Rural del Ministerio, para gestionar que se completara la
información, hecho que consta en las declaraciones del mismo señor Diaz, de
María Jimena Galeano y, principalmente de Daniel Montoya, director de la Unidad
Ejecutora de los convenios en el IICA.
En reunión del 5 de octubre de 2009, como consta en acta Nº 13 se acordó fijar
fecha para la entrega de documentos para efectos de la liquidación. El IICA con
oficio del 21 de octubre, programó la entrega para el 27 de octubre del mismo año,
pero solo se llevó a cabo el 29 de octubre, fijando el IICA una nueva fecha de
entrega de documentación para el 4 de noviembre de 2009.
El 10 de noviembre se requiere al IICA para el aporte de la documentación, la cual
es recibida el mismo día, pero incompleta, por lo que se hace un cuadro de ruta
para facilitar la entrega y se fijan diez (10) días calendario para ello.
Esta relación demuestran la actividad desplegada por el señor JUAN DAVID
CASTAÑO, las cuales están probadas en el proceso. Tampoco hay inoportunidad,
pues al momento en que se posesionó el implicado estaban los términos vencidos
y de allí en adelante no hay términos normativos, acudiendo a la razonabilidad y
proporcionalidad, por lo que tampoco se puede hablar de que se actuó
irrazonablemente lento, entre otras cosas, por la enorme carga propia de los
servidores públicos.
La defensa argumenta la inexistencia de ilicitud sustancial, por las siguientes
causas:
- No existe en norma alguna, legal, administrativa o contractual que disponga
el deber concreto del Comité Interventor de intervenir en la liquidación del
Convenio después de los 4 meses dispuestos para dichos efectos. No hay
violación del numeral 1º, artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
- Las actividades desplegadas por JUAN DAVID CASTAÑO se realizaron en
consideración de responsabilidad como servidor público, procurando la
efectividad de la administración pública y por esa vía consultando los
intereses del bien común. No hay violación del numeral 15, artículo 34 de la
Ley 734 de 2002.
En consecuencia, tampoco es viable la aplicación de una conducta omisiva.
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