FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Así las cosas, no debe perderse de vista que la ley 80 de 1993, derogó
expresamente algunos artículos del decreto ley 591 de 1991, pero no lo hizo
respecto de otras de sus disposiciones. No obstante, a pesar de no referir nada
sobre su integra y total insubsistencia, debe entenderse que tal derogatoria
entraña igualmente la incompatibilidad con las normas precedentes.
De otro lado, en virtud de los principios que rigen la actividad contractual, la ley
1150 de 2007, en el principio de transparencia, estableció dentro de la modalidad
de contratación directa, un determinado número de casos a los cuales se les
puede aplicar dicha cual; quiere decir ello, que en tratándose de un régimen
exceptivo, pues la regla general es la licitación, y dada la naturaleza de su
aplicación e interpretación restrictiva, la determinación de su aplicación, se
encuentra delimitada por las causales y principios previstos en la ley. Bajo ese
entendido, y dando aplicación al Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 80 y la ley 1150 de 2007, se tiene que su artículo segundo
prevé como modalidades de selección, la licitación pública, la selección abreviada,
el concurso de méritos y la contratación directa, y en su parágrafo, se indica que
para la selección de los contratistas, se aplicarán los principios de economía,
transparencia y responsabilidad contenidos en la ley 80 de 1993 y los postulados
que rigen la función administrativa. Es claro entonces que para todas estas
modalidades, sin excepción alguna, les son aplicables los principios contenidos en
la citada ley.
En cuanto a la aceptación del doctor DAZA en que participó en la elaboración de
los borradores de términos, para que fueran expedidos definitivamente por la
Dirección de Comercio y Financiamiento, es evidente que la responsabilidad de la
firma de tales términos de referencia estaba a cargo de la implicada CAMILA
REYES, por tanto, es cuestionable que la implicada CAMILA REYES,
desatendiera las responsabilidades que le correspondían atinentes a la
verificación de la existencia de unos estudios previos, limitándose simplemente a
firmar esos términos de referencia con el pretexto que habían sido elaborados por
el doctor DAZA. Debe advertirse, se trataba de un borrador, no de un documento
definitivo, pues el documento definitivo es el que se firma por el funcionario
responsable y como sucedió en este caso, fue firmado por la implicada REYES
COMO encargada de tal actividad, por eso la primera llamada a responder.
De otra parte, en relación con estudio jurídico rendido por el Dr. CARLOS
GUSTAVO ARRIETA, tal como lo manifiesta él mismo en su declaración, sobre el
tema de estudios no trató su concepto, sin embargo manifestó que aplicando la
regla general en materia de contratación estatal, todo contrato estatal requiere de
estudios previos.
Por lo tanto, es indudable la exigencia de elaboración de estudios previos para la
celebración del convenio 03 de 2007, no entendiendo que los términos de
referencia y la justificación técnica de la contratación suplían tal requisito, toda vez
que como se demostró precedentemente no cumplían los requisitos para figurar
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