FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

de las obligaciones contractuales, como lo es, para el caso, la liquidación del
convenio.
Conforme a lo expuesto de manera antecedente, es evidente que la implicada en
su calidad de integrante del comité interventor, -en el aspecto financiero-, no vigiló
ni supervisó las actividades desarrolladas por el IICA, ni informó al comité
administrativo del Ministerio el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de ese organismo, a fin de que se adoptaran las medidas pertinentes para lograr
la consecución de los fines previstos con la contratación.
También resulta innegable que para el caso del convenio 037 de 2009, después
de transcurrido más de seis meses de la ejecución del referido convenio, el IICA
no hubiere cumplido con el uno de los objetivos más importante del convenio, -
divulgación y socialización del programa-, la cual debía desarrollarse a través de
una licitación pública, al la que se le fueron destinados ($3.500 millones); esto es,
más del 50% del valor total del convenio, -según lo prevé el Plan operativo-; sin
que el Ministerio adoptara las medidas tendientes a evitar la afectación del objeto
del convenio.
Ahora bien, al mirar la responsabilidad en cuanto al cumplimiento del deber
funcional, el artículo 3 Inciso primero de la ley 80 de 1993, al referirse a los fines
de la contratación, señala: ―Los servidores públicos tendrán en consideración que
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines‖.
El mismo estatuto contractual, en su artículo 4 numeral 4, en referente a los
derechos y deberes de las entidades en la consecución de los fines de que trata el
artículo anterior, señala: ―Adelantarán revisiones periódicas de las obras
ejecutadas, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad
contra estos y sus garantes cunado dichas condiciones no se cumplan. Las
revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a
cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de
las garantías‖.
Como puede observarse, los deberes funcionales que la implicada debía cumplir
en el desarrollo del convenio 003 de 2007, 055 de 2008, y 037 de 2009, deviene
de los propios convenios, así como de los manuales de interventoría y de los
deberes funcionales que todo servidor publico que participe en un proceso de
contratación debe cumplir, so pena de incurrir en omisión al cumplimiento un
deber funcional previsto el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
En ese orden, se consideró que la disciplinada trasgredió las normas y
reglamentos citados, si se tiene en cuenta que en su condición de Integrante del
Comité interventor, no cumplió eficazmente las funciones que le eran exigidas por
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