FALLO%20AGRO%20INGRESO%20

Para el Despacho, el documento denominado estudios previos no se elaboro ni se
aprobó adecuadamente por parte del disciplinado, al adolecer de las falencias
descritas en el concepto de vulneración, además de haberse contratado bajo una
forma no procedente; labor que le correspondía ejercer en virtud de las funciones
misionales que le competen a la Dirección de Comercio y Financiamiento, lo cual
derivo en la suscripción del convenio de cooperación científica y tecnológica No.
037 del 14 de enero 2009 con el que se comprometieron recursos por seis mil
ciento veinticinco millones sesenta y siete mil pesos ($6.125.067.000).
En cuanto a las normas vulneradas, se dijo que el disciplinado pudo haber
vulnerado las disposiciones contempladas en los artículos 6, Artículo y 123 de la
Constitución Política; artículos 25 numerales 7 y 12, 26 numeral 3, de la Ley 80 de
1993; artículos 3, 12 y 86 inciso 2 del Decreto 2474 de 2008; Numeral 7 del
Manual Específico de funciones del cargo de Director de Desarrollo Rural Grado
20 código 0100 y Manual de contratación numerales 3 Etapa Precontractual sub
numerales 3.1 a 3.1.1.1.15, 3.2 y 3.3; articulo 34 numerales 1º y 15 del Código
Disciplinario Único, incurriendo en el tipo previsto en el artículo 48 numeral 30 de
la Ley 734 de 2002.
Como concepto de violación se consideró que el disciplinado transgredió las
normas citadas, toda vez que era su deber elaborar los estudios técnicos y
coordinar con las instancias respectivas, la elaboración de los estudios
económicos y jurídicos, y todos aquellos estudios que se requirieran para definir la
necesidad que la entidad pretendía satisfacer y que comprendían como mínimo la
descripción de la necesidad, el objeto a contratar, con sus especificaciones. De tal
manera que al aprobar el documento denominado estudio previo, sin un análisis
real de antecedentes, produjo que se seleccionara una forma de contratación no
viable y con deficiencias.
Para el Despacho, las falencias presentadas fueron: i) En la descripción no se
justificó técnica y económicamente el valor estimado del convenio; ii) No se
establecieron los parámetros para determinar y aprobar la contrapartida a cargo
del organismo cooperante; iii) No se efectuó un análisis detallado de los costos
operacionales que se reconocerían al IICA ni de los riegos inherentes a la
contratación; iv) se justifico la forma de selección de contratistas con una
normatividad que no ajustaba al objeto de lo que se pretendía contratar. De igual
manera se dijo que se prescindió del estudio económico que debía anteceder a la
contratación, los cuales buscan garantizar la inversión de una manera eficiente; no
bastando por tanto con señalar el valor del presupuesto, sino que como mínimo,
debía consultarse si el objeto a contratar se había contratado con anterioridad, y
haber hecho un análisis de valores de las cotizaciones. Debía igualmente haberse
consultado el Catalogo Único de Bienes y Servicios -CUBS- y del Registro Único
de Precios de Referencia - RUPR y dejar claramente definidos los criterios que
fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la determinación del presupuesto
oficial.
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