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por la entidad, que no son otros distintos, al cumplimiento de los fines Estatales,
siendo de mucha importancia de definir y analizar exhaustivamente los requisitos
mínimos que establece la Ley para tal efecto.
Como se observa, los documentos que soportan la contratación Estatal obedecen
al desarrollo de los principios que rigen la contratación administrativa y al
conocimiento previo de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer, y
de las condiciones del futuro contrato; por lo tanto, la responsabilidad del
funcionario o de los servidores públicos que participan en esta etapa, no puede
escapar al control que se derive de sus actuaciones u omisiones.
De otro lado, en virtud de los principios que rigen la actividad contractual, la ley
1150 de 2007, en el principio de transparencia, estableció dentro de la modalidad
de contratación directa, un determinado número de casos a los cuales se les
puede aplicar dicha causal; quiere decir ello, que en tratándose de un régimen
exceptivo, y dada la naturaleza de su aplicación e interpretación restrictiva, la
determinación de su aplicación, se encuentra delimitada por las causales y
principios previstos en la ley. Bajo ese entendido, y dando aplicación al Decreto
2474 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80 y la ley 1150 de
2007, se tiene que su artículo segundo prevé como modalidades de selección, la
licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación
directa, y en su parágrafo, se indica que para la selección de los contratistas, se
aplicarán los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos
en la ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. Es claro
entonces que para todas estas modalidades, sin excepción alguna, les son
aplicables los principios contenidos en la citada ley.
A su vez, el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, dispone que en desarrollo de lo
señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, los estudios
y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que
sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de
manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad
propone. De igual manera señala que los estudios previos se pondrán a
disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de
condiciones y establece, los requisitos mínimos que deben contener y, en su
parágrafo 1°, se indica que los elementos mínimos previstos en el citado artículo
se complementarán con los exigidos de manera puntual en las diversas
modalidades de selección, sin exceptuar ninguna de ellas.
Por su parte, el artículo 5 del citado decreto, dispone que la entidad, mediante acto
administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del
proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada
y concurso de méritos. Y para el caso de la contratación directa, realiza una
remisión al artículo 77 del mismo texto normativo, en donde se señala que cuando
proceda el uso de la modalidad de contratación directa, la entidad así lo señalará
en un acto administrativo que contendrá:
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15-80 piso 24 PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
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