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ienes y servicios y asegura la eficiente inversión de los recursos públicos en aras
de garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 67
En suma, la actividad contractual del Estado, como especie de la función pública
administrativa que es, no implica que sea de libre desarrollo, no lo es, pues
independientemente de la modalidad contractual aplicable, siempre, sin excepción
alguna estará supeditada a los principios del Estatuto de Contratación Pública,
entre ellos el de economía en cuanto a la planeación, como lo exigen los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.
En cuanto al tema de la confianza que esgrime el acusado no cabe duda que su
responsabilidad se compromete indudablemente, pues si le correspondía suscribir
los convenios, debió extremar el cuidado frente a los requisitos del tipo de
contratación elegida, más cuando como en el presente caso se comprometían
cifras superiores a los $500.000.000.000, no debió limitarse a revisar los vistos
buenos de sus subalternos.
Es oportuno reflexionar aquí “sobre la relación que se crea entre los diferentes
funcionarios de una misma entidad cuando varios de ellos, por razón de sus
funciones intervienen en forma conjunta en la realización de determinadas tareas.
En esa interacción a no dudarlo opera el principio denominado de confianza, que
consiste en que el funcionario que ejerce la conducta principal contentiva de
mayor contingencia y, por ende, generadora de las principales consecuencias
conforme a las normas que disciplinan la actividad correspondiente, espera que
quienes participan en el desarrollo de aquella con anterioridad a él, acaten los
parámetros legales establecidos y actúen con la diligencia debida, de tal suerte
que posteriormente no se le pueda endilgar, sin posibilidad de una válida
justificación, un resultado jurídicamente reprochable, si el mismo es consecuencia
de la conducta negligente, ilegal o imprudente de aquellos y que no fue posible
advertir pese a haber actuado con el cuidado y celo debido en el cumplimiento de
las propias funciones. […]
Empero, para que el principio de confianza opere como eximente de
responsabilidad no basta la actitud pacífica y tranquila de que el servidor
comisionado va a cumplir la tarea encomendada de la mejor manera posible. Ello
requiere de una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad
al vínculo celebrado, que impone al servidor la obligación de adelantar todas las
diligencias y utilizar cada una de las herramientas que se encuentran a su cargo,
para constatar que los trabajos materia de desconcentración están siendo
evacuados en la forma debida y ajustado a los parámetros establecidos para tal
fin.
67 Ley 80 de 1993, art. 3°: De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos que al celebrar contratos y con la
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboraran con ellas en la
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones.
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