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autoridad en la entidad, debiendo ser el garante del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, esto es comprometer y ejecutar los recursos del
Programa Agro Ingreso Seguro AIS de la vigencia 2009, sin desconocer que los
gastos administrativos y operativos no podían sobrepasar el límite establecido en
parágrafo del artículo 6º de la Ley 1133 de 2007, violando ésta norma de
obligatorio cumplimiento al utilizar cuantiosos recursos en exceso en gastos
diferentes al objeto principal del Programa Agro Ingreso Seguro AIS.
En cuanto a la culpabilidad, en atención a que el investigado conocía la
naturaleza, fines y las necesidades que se procuraban atender con el Programa
―Agro Ingreso Seguro‖, en la medida en que la entidad a su cargo fue la que
promovió decididamente el proyecto que daría lugar a la ley 1133 de 2007, decidió
deliberadamente y a su arbitrio autorizar gastos de administración y operación por
encima del tope fijado para el año 2008, más aún, cuando de antemano sabía
cómo se distribuirían los recursos que financiarían los apoyos que otorgaría el
citado Programa, dado que fue miembro del comité intersectorial en el que se
debatía, precisamente, dicho aspecto, se considera cometida con dolo.
4.2 CAMILA REYES DEL TORO, en su condición de Directora de Comercio y
Financiamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR):
4.2.1. DE LA PETICIÓN DE NULIDAD
Teniendo en cuenta que el apoderado de la implicada en sus alegatos de
conclusión, presentó una petición de nulidad, se procederá en consecuencia a
analizar primeramente lo referente a tal pedimento.
La nulidad solicitada se basa en la falta de competencia del Procurador General
de la Nación, para procesar y juzgar a la disciplinada, efectuando los
planteamientos que se transcriben a continuación:
«En la presente actuación se procesó y juzgó conjuntamente al Doctor
ANDRÉS FELIPE ARIAS, por su condición de EX MINISTRO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, quien por ostentar dicho cargo
gozaba de un fuero legal que consistía en que su juez natural en materia
disciplinaria fuese el Procurador General de la Nación en única instancia
(numeral 22 del artículo 7 Decreto Ley 262 de 2000) y a la Doctora
CAMILA REYES DEL TORO, ex Directora de Comercio y Financiamiento
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Frente al primer disciplinado no hay duda de la competencia, toda vez que el
decreto con fuerza de ley que determina la organización y funcionamiento de la
Procuraduría General de la Nación, estatuye la excepción legal de la única
instancia para investigar disciplinariamente a los Ministros del Despacho, sin
embargo, en relación con la Doctora CAMILA REYES DEL TORO el despacho del
Procurador General, no era competente para conocer y tramitar en única instancia
la investigación, en razón a que la ley no establece como excepción que
ésta servidora pública sea aforada legal por su condición de ex Directora
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