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entraña igualmente la incompatibilidad con las normas precedentes.
En efecto, frente al tema de la derogatoria, el artículo 81 de la ley 80 de 1993,
expresamente deroga el Decreto ley 591 de 1991 a excepción de los artículos 2, 8,
9, 17 y 19, lo cual deja en claro, que no solo se ocupó de la materia concerniente a
los contratos de actividades científicas y tecnológicas, al derogar expresamente
alguna de sus disposiciones y mantener vigentes otras, como la definición de lo
que se entiende por actividades científicas y tecnológicas, y la celebración de
convenios especiales de cooperación para adelantar las actividades científicas y
tecnológicas definidas en su artículo 2°, sino que a dichos convenios, les era
aplicable las disposiciones de la ley 80, entre ellas, sus principios y las normas de
carácter general. A manera de ejemplo, se pueden citar las normas que disponen
que: la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar así como las
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación
al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según el
caso, y a que con la debida antelación a la apertura del proceso de selección, o de
la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Conclusión que para el
Despacho resulta del análisis integral y sistemático que en materia de derogatoria
impone la consideración de las normas ya citadas, como un sistema totalmente
integrado. Basta señalar entonces, que la nueva regulación; esto es, la ley 80 de
1993, no resulte incompatible con la anterior.
Cabe tener en cuanta de esta forma, la previsión contenida en el artículo 72 del
C.C., según la cual «La derogatoria tácita deja vigente en las leyes anteriores,
aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley».
De otro lado, en virtud de los principios que rigen la actividad contractual, la ley
1150 de 2007, en el principio de transparencia, estableció dentro de la modalidad
de contratación directa, un determinado número de casos a los cuales se les
puede aplicar dicha cual; quiere decir ello, que en tratándose de un régimen
exceptivo, pues la regla general es la licitación, y dada la naturaleza de su
aplicación e interpretación restrictiva, la determinación de su aplicación, se
encuentra delimitada por las causales y principios previstos en la ley. Bajo ese
entendido, y dando aplicación al Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 80 y la ley 1150 de 2007, se tiene que su artículo segundo
prevé como modalidades de selección, la licitación pública, la selección abreviada,
el concurso de méritos y la contratación directa, y en su parágrafo, se indica que
para la selección de los contratistas, se aplicarán los principios de economía,
transparencia y responsabilidad contenidos en la ley 80 de 1993 y los postulados
que rigen la función administrativa. Es claro entonces que para todas estas
modalidades, sin excepción alguna, les son aplicables los principios contenidos en
la citada ley.
De otra parte, en relación con estudio jurídico rendido por el Dr. CARLOS
GUSTAVO ARRIETA, el Despacho atenderá su contenido teniendo en cuenta que
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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