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2º Contratos estatales especiales.”
Así, que independientemente del proceso de que se trate o de la clase de
contrato siempre se deben respetar los principios de transparencia, economía,
responsabilidad y selección objetiva, entre otros aspectos. El régimen especial
sólo se aplica cuando los contratos enunciados tienen por objeto el desarrollo de
cualquiera de las actividades ya señaladas, por tanto deben excluirse las
actividades que no se enmarquen en alguna de ellas o aquellas que
correspondan simplemente a colaboración, soporte, asistencia o apoyo.
Es pertinente señalar que en el convenio 03 y en los términos de referencia que
lo antecedieron se citan como normas para justificar el tipo de contratación la Ley
101 de 1993 y el artículo 7 de la misma, el artículo 1 del Decreto 393 de 1991, el
artículo 2 del Decreto 591 de 1991, el artículo 96 de la ley 489 de 1998, el artículo
355 de la Constitución y el artículo 24 de la ley 80 de 1993; En el convenio 055,
en la justificación técnica y en los términos de referencia que lo antecedieron se
citan como normas para justificar el tipo de contratación el artículo 1 del Decreto
393 de 1991, el Decreto 591 de 1991, el artículo 96 de la ley 489 de 1998 y el
artículo 24 de la ley 80 de 1993; En el convenio 037 y en el documento
denominado estudio se citan como normas para justificar el tipo de contratación
el Decreto 591 de 1991, la ley 489 de 1998, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007 y el decreto 2474 de 2008; En el convenio 052 y en el documento
denominado estudio se citan como normas para justificar el tipo de contratación
el Decreto 591 de 1991, la ley 489 de 1998, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007 y el decreto 2474 de 2008.
Como puede observarse y aunque al parecer de lo que se trataba era de sustentar
un CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
(así se denominan los convenios ya señalados), no se justifican jurídicamente de
una forma uniforme, la reseña anodina y superficial que se hace de la
normatividad señalada, permite que se pase de aplicar normas que admiten la
Creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas
sin animo de lucro – art.1 numeral 1 decreto 393/91; a aquella que permitiría la
suscripción de Convenios especiales de cooperación – art. 1 numeral 2 decreto
393/91; a otra que aprueba la firma de contratos de financiamiento de ciencia y
tecnología – art. 8 decreto 591/91 y a otra que acepta la firma de contratos de
administración de proyectos – art. 9 decreto 591/91.
Para, entre otras cosas, evitar este tipo de maniobras normativas es que la ley 80
prevé una etapa de actividad precontractual y de preparación del contrato, en ella
se deben hacer los análisis pertinentes que permitan definir cual es tipo de
contratación que se adecua a la necesidad que la entidad requiere satisfacer, es
allí donde radica la importancia de la elaboración de unos estudios técnicos,
financieros (económicos) y jurídicos profundos, precisos y completos, es desde
este documento de donde parte la aplicación de los principios de transparencia y
responsabilidad. Excepto la urgencia manifiesta, ningún otro proceso de
contratación del estado esta exento de la elaboración de estos estudios, y esa
Grupo Asesores Anticorrupción. Exts. 12427. Fax 12495 asesoresanticorrupcion@procuraduria.gov.co
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