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la integración normativa que resulta de la remisión al decreto 591 de 1991, tal y
como lo ordena el decreto 2474 de 2008.
Por otra parte, resalta el contenido de los artículos 2 y 17 del decreto 591 del 91,
manifestando que en ellos se señalan ciertas actividades que se consideran
científicas y tecnológicas, y la finalidad de los convenios de cooperación, como el
de facilitar, fomentar o desarrollar alguna de esas actividades; dichas normas –en
su criterio-, diferencian las actividades propiamente dichas y el objeto o finalidad
en virtud del cual el convenio se celebra. Para citar un ejemplo de la procedencia
de los contratos o convenios en función de la finalidad a la que se dirigen y no a la
actividad a desarrollar, trae a colación el artículo 8 del decreto 591 de 1991, sobre
la celebración de contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y
tecnológicas, aduciendo que, siendo el financiamiento un contrato atípico que
podría comprender entre otros elementos algunos del contrato de mutuo, éstos en
sí mismos, no son actividades científicas o tecnológicas.
Destaca igualmente el artículo 9 del citado decreto, afirmando que al utilizar la
expresión ―para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas previstas en
este Decreto, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con
personas públicas o privadas contratos de administración de proyectos.‖, se
reconoce el hecho de que una cosa son los criterios establecidos para considerar
a una actividad como científica y tecnológica y otra los criterios para determinar
que un contrato relacionado con las mismas puede ser objeto de una determinada
forma de contratación.
Finalmente al examinar los artículos 1, 2, 6 y 7 del Decreto 393 de 1991,
manifiesta que sus disposiciones tienen igual sentido que las del Decreto 591 de
1991, pues para adelantar actividades científicas y tecnológicas es procedente la
celebración de convenios especiales de cooperación, que, entre otras cosas, se
dirijan a facilitar y/o fomentar el desarrollo y el financiamiento de proyectos que
incorporen mejoras científicas o tecnológicas a la producción nacional. En síntesis,
señala que lo que ha de tenerse en cuenta para efectos de la determinación de la
procedencia de una contratación directa, es la claridad de que lo contratado tiene
como objeto el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, entendido ello,
como la facilitación, fomento o promoción de las mismas.
De conformidad con lo expuesto, aduce que el proceso de otorgamiento de
financiación para la ejecución de proyectos de infraestructuras de riego y drenaje,
para mejorar la productividad mediante la incorporación de tecnología, están
dirigidas al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y pone de presente
que algunas de las actividades encomendadas al IICA, revisten la naturaleza de
científicas y tecnológicas; esto es, la verificación de las iniciativas presentadas, la
asesoría a los interesados y la interventoría y acompañamiento en la ejecución de
los proyectos, las cuales comportan la ejecución de actividades científicas y
tecnológicas. Por lo tanto, -a su juicio-, los convenios en cuestión, tienen un
componente de transferencia de tecnología, a través de la implementación de los
proyectos correspondientes, lo que resulta catalogable como un contrato de
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