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Pública, Ley 80 de 1993 y de la salvaguarda de los principios señalados en el
artículo 3º ibídem.
Es así como esta Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para
la Moralidad Pública 238 frente al análisis de oportunidad y conveniencia señaló lo
siguiente:
«Los estudios previos, no serán cualquier clase de estudios, deberán
corresponder a la mejor manera de absolver la necesidad que ampara
el proceso, y tratándose del valor de los bienes y servicios deberán
corresponder a los de referencia y/o del mercado. En relación con la
obligación de acatar las exigencias del principio de planeación, en
particular, la de realizar los estudios previos exigidos por la ley, la doctrina
autorizada ha expuesto lo siguiente: (Negritas fuera del texto original)
“El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación
expresa de escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo
cual exige estudios, proyectos, diseños y demás análisis necesarios
para el correcto planteamiento de la necesidad de la Administración
al momento de dar a conocer a los particulares u otras entidades
estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se
tenga toda la información como si la misma entidad fuera a
ejecutar el objeto del contrato estatal; todo esto porque no solo se
compromete el buen funcionamiento de la Administración, sino que
además se ve implicado el patrimonio público, y en últimas la
consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general,
todo por medio de la contratación pública.
[…] el análisis de oportunidad y conveniencia de la celebración
del contrato […] implica todo un juicio de valoración por quien
ejerce funciones administrativas para que los actos administrativos
sean realmente beneficiosos y acordes con los intereses generales.
[…] Por ello, se hace necesaria una evaluación previa de la
situación, no solamente para llegar a la conclusión de que se
necesita el contrato, sino para determinar la figura a utilizar
238 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, fallo de segunda instancia del 19 de mayo de 2008.
Radicado No. 074-5150-05. En esta decisión se ordenó sancionar disciplinariamente al Sr. HENRY
HUMBERTO ARCILA MONCADA, en su condición de Secretario de Educación Departamental del Valle del
Cauca, al encontrarlo responsable del cargo primero consistente en. “Haber celebrado y suscrito órdenes de
gasto señaladas en el cuadro siguiente durante el segundo semestre del año 2003 con las Fundaciones aquí
también determinadas para el suministro de algunos elementos o implementos con destino a algunas
instituciones educativas, sin que se hubiese elaborado con la debida antelación los estudios previos de
conveniencia, oportunidad o justificación sobre la necesidad del objeto a contratar, requisitos precontractuales
señalados en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 199 (sic) y artículo 8 del Decreto 2170 de
2002.”. (Negritas fuera del texto original Se señalaron como normas infringidas las siguientes: artículos 23, 25
(numerales 7 y 12) y 26 (numeral 1) de la ley 80 de 1993; artículo 8 del decreto 2170 de 2002; artículo 34
(numeral 1) y 35 (numeral 1) de la ley 734 de 2002. Se calificó la falta como gravísima, al tenor de lo dispuesto
en el numeral 30 del artículo 48 del CDU, a título de dolo. )
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