RESTRICCIONES PARA TODOS

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La contradicción entre lo que se decía y las características del evento no podían ser más marcadas. Una iniciativa
tan trascendente como ésta y que debería ser objeto de un mínimo de neutralidad oficial y consenso entre
distintas corrientes y sectores del país se efectuaba, sin embargo, en un estridente acto partidario. La propia
presidenta, sus ministros y varios gobernadores entonaron completa la Marcha Peronista, mientras barras de
militantes cantaban contra Clarín.
Por otro lado, no era cierto que “por primera vez iglesias, universidades, sindicatos, podrán acceder a tener
una voz para decir lo que piensan”.
La Iglesia Católica tiene decenas de emisoras locales de FM desde los años 90 (sólo en la ciudad de Buenos
Aires tiene seis “autorizaciones”: cinco emisoras legales de baja potencia situadas en diferentes parroquias y una
licencia del mismo tipo inactiva). El propio Arzobispado de Buenos Aires cuenta con una señal de cable y, desde
2005, un canal abierto legal (Canal 21). Muchos grupos evangélicos operan decenas de emisoras legales, con PPP
o sin licencia, igualmente desde los años 90. Y la comunidad judía tiene desde 1995 una emisora de FM con un
PPP en Buenos Aires, Radio Jai, en 96.3 MHz, aunque es de tipo más bien “étnico” y no religioso.
También numerosas universidades poseen emisoras de radio y TV desde mucho antes de la Ley de Medios y
hasta el día de hoy. Entre otras, la Universidad Nacional de La Plata (desde 1924 opera la primera emisora
universitaria del mundo fuera de los Estados Unidos), la Universidad Nacional del Litoral (radio, desde 1931), la
de Córdoba (radio, desde 1958 y TV desde 1962) y la de Tucumán (TV, desde 1966). La Ley 22285 no prohibía que
las universidades tuviesen radios y televisoras, si bien las primeras no podrían realizar publicidad. A partir de
1990 se han otorgado frecuencias a decenas de universidades nacionales y a algunas privadas. (Cabe destacar
que ciertas universidades han arrendado sus emisoras a intereses privados o emiten programación de
características netamente comerciales y no de tipo cultural o educativo.)
Si bien hay algunas emisoras conectadas con sindicatos o grupos de base, estas organizaciones
históricamente no habían manifestado interés en operar por sí mismas emisoras (hoy día muy pocos de esos
grupos editan publicaciones, como era común hasta los años 70). Aún antes de la Ley de Medios, Crónica TV pasó
a ser operada por una empresa relacionada con la UOM, mientras la UOCRA puso en el aire un canal de
televisión, pero estas iniciativas están más relacionadas con el uso de estos medios con fines comerciales y/o
para difundir propaganda pro kirchnerista que para impulsar contenidos en favor de los trabajadores. Algunos
sindicatos, también con anterioridad a la Ley de Medios, han alquilado tiempo en radio y TV para producir
programas con contenidos gremiales; sin embargo, estos espacios han representado un muy pequeño porcentaje
en el total general.
De todas maneras, desde Saúl Ubaldini en adelante, los líderes sindicales han tenido siempre acceso a todos
los medios independientes masivos para hacer conocer sus posiciones y son invitados regularmente a programas
periodísticos. Por el contrario, es en los medios oficiales donde algunos de estos sindicatos carecen de presencia:
una vez que la CGT y Hugo Moyano rompieron con el gobierno kirchnerista en 2011 dejaron de tener apariciones
y cobertura en las emisoras y canales estatales o paraoficiales (salvo para destacar noticias negativas).
Moyano había revelado el 22.05.2008 luego de una reunión con la presidenta, que la CGT se proponía
instalar un canal de TV: “hemos solicitado las frecuencias correspondientes para poder comunicarnos con la
opinión pública en general y con los trabajadores", dijo el titular de la central sindical. Era la época de alianza
plena entre la CGT moyanista y el gobierno K. Ambas partes se distanciaron tiempo después y la licencia para
este canal nunca fue adjudicada, lo que lleva a presumir que la preocupación del gobierno para que sindicatos y
asociaciones similares tengan medios sólo se aplica cuando las entidades correspondientes sean kirchneristas o
progubernamentales.
En 2011, ya sancionada la Ley de Medios, comenzó a transmitir TV Central Canal 4 de Neuquén,
perteneciente al sindicato ATE, alineado con la CTA oficialista. Pese a que se lo presentó como un resultado de la
nueva norma, el canal no tiene licencia, pero es fuertemente avalado por el gobierno nacional. En muchas
ocasiones retransmite a Canal 7 de Buenos Aires.
Aunque la presidenta no lo mencionó en su discurso, las cooperativas podían prestar servicios de radio y TV
desde 2005 (con algunas limitaciones si eran cooperativas de servicios públicos). Para el momento en que
Cristina Kirchner pronunció su discurso había varias cooperativas que ofrecían el servicio de TV cable en distintas
localidades y, de hecho, existían algunas emisoras de FM con PPP manejadas por cooperativas (una de ellas, FM
en Tránsito, de Castelar, existía desde 1987).
Otro tipo de emisoras que la presidenta no mencionó eran las de pueblos originarios. El 30.04.2005 se
inauguró en Aucapán, cerca de Junín de los Andes, la primera emisora operada directamente por una comunidad
indígena, en este caso la mapuche: LRG751 Radio Newen We Ce (90.9), con licencia del COMFER y antes de que
sancionara la Ley de Medios.
Por lo tanto y tal como se señala en otras partes de este trabajo, la presunta diversidad que iba a hacer
posible la nueva ley ya existía o podía potencialmente existir. En términos de licencias de operación, sólo se
necesitaban mecanismos de adjudicación transparentes y un marco de seguridad jurídica para que se afianzara
un ambiente adecuado.
El verdadero objetivo del proyecto era legitimar el armado de un grupo de medios paraoficiales, debilitar a
los medios independientes y limitar al Grupo Clarín hasta donde se pudiera. Muchos creyeron que la intención del
gobierno era usar partes de este último para montar los primeros, lo cual finalmente no se concretó.