RESTRICCIONES PARA TODOS

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El 14.11.2012 el Ministerio de Planificación informó que el nombre de la operadora estatal de ARSAT
será Libre.ar. La compañía no ofrecería su servicio directamente a los abonados sino que lo hará a
través de pymes y cooperativas del interior.
Según Página/12 (14.12.2012), habían firmado acuerdos con Libre.ar la Cámara de Telefonía IP
(CATIP), la Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur (FECOSUR) y la Federación de
Cooperativas Telefónicas (FECOTEL). Esta última ya ofrecía servicio celular en algunas ciudades del
interior usando la marca Nuestro y la red de Personal (Telecom). La inversión que debería efectuar el
Estado fue estimada en 2 a 3.000 millones de dólares.
Después de casi dos años de inacción, el 07.07.2014 la SECOM publicó las bases de una licitación en la
cual se subastaría la porción de espectro celular sin uso (de la tecnología actual 3G). Al mismo
tiempo se instituía otra subasta de espectro para la nueva tecnología 4G, con más capacidad de
transmitir datos e imágenes y que usará la banda de 700 MHz, es decir, la que está atribuida hoy día
a los canales de televisión 52 a 69 UHF. Esto implica que la banda de UHF de TV será reducida a los
canales 21 a 51 (en lugar de la actual atribución del 21 al 69) (ver ANEXO 3).
En la licitación para 4G se otorgará espacio a tres operadores (que se supone que serán los actuales
Claro, Personal y Movistar) y a un cuarto operador (que podría ser una empresa del grupo Vila-
Manzano, único oferente no vinculado con el trio de operadores históricos que se presentó).
Sobre la cancelación del proyecto de Libre.ar en favor de estas subastas, que podrían captar hasta
2.000 millones de dólares, se entendía que las acuciantes necesidades recaudatorias del gobierno
habrían pesado en la decisión.
Uno de los problemas de la telefonía celular en Argentina, además de su insuficiente control por parte de los organismos
reguladores, es que el Estado no permite a las compañías existentes el acceso a porciones adicionales de espectro
radioeléctrico. Como consecuencia, un número creciente de llamadas debe utilizar y reutilizar las mismas frecuencias, lo
que provoca un sensible deterioro de las comunicaciones. Según el Consorcio 4G Américas, a fines de 2012 Argentina
usaba solamente 170 MHz de espectro para el servicio, mientras Chile empleaba 260 MHz, la Comunidad Europea 340
MHz y Estados Unidos 547 MHz.
Las políticas del gobierno kirchnerista han hecho que las telefónicas dejasen de invertir en sus redes y han coartado el
surgimiento de nuevas opciones, estimulando de este modo la concentración. Las empresas de telecomunicaciones han
tratado de maximizar sus ganancias en el servicio celular, ya que sus precios y muchas de sus condiciones de prestación
no están regulados (al contrario de la telefonía fija).
El decreto-­‐marco que reglamenta las telecomunicaciones desde 2000 (764/00) y que promueve una amplia
competencia en el sector se transformó en gran parte en letra muerta. Las autoridades han demorado la adjudicación de
licencias y la implementación de mecanismos como la portabilidad numérica y la desagregación del “tramo de última
milla” o bucle local. Tampoco se ha preocupado de sancionar las frecuentes sobrefacturaciones y pésima atención al
cliente de las compañías.
Una red celular estatal implicaría un nuevo problema para el gobierno, que no ha logrado gestionar eficazmente
temas como la energía, los satélites, las aerolíneas y el transporte ferroviario. El consultor Enrique Carrier opinó que el
anuncio sólo significaba que el Estado tendría una porción del espectro y no “una porción de mercado; para eso es
preciso desarrollar una red, es decir, todo lo que transporta las telecomunicaciones”. Esto demandaría una inversión de
miles de millones de dólares que bien podría utilizarse para mejorar otras áreas de infraestructura o para cometidos
sociales.
Marcelo Celani, especialista en regulación y competencia de la Universidad Di Tella, consideró que el gobierno "se
está equivocando [...] [Si] realmente no consiguieron un instrumento de competencia, la empresa pública no es la
solución” Otro especialista, Henoch Aguiar, dijo que la recurrencia a cooperativas y pymes no es suficiente para
conformar una red nacional, ya que sólo cubren el 10% de la población (La Nación, 06.09.2012).
En cambio, Ariel Garbarz, funcionario de Argentina Conectada, dijo en el diario Tiempo Argentino el 19.09.2012 que
“una ENTel celular y eficiente es posible”.
El 01.07.2013, el gobierno kirchnerista, luego de 10 años en el poder, por Resolución 5 del Ministerio de Planificación,
aprobó un Reglamento que dispone estándares de calidad y otras exigencias para las empresas de telecomunicaciones
(especialmente las de telefonía celular). Las normas de este reglamento son más bien generales y algo abstractas, De
hecho, han resultado totalmente inocuas, ya que no se ha observado ninguna mejora en la prestación del servicio.
12.09.2012
Denuncian que una productora de figuras afines al kirchnerismo cobró del gobierno chaqueño una suma
millonaria por una tira televisiva que no se emitió.
§ La productora Taha SA firmó en 2012 un contrato por el cual el gobierno chaqueño le pagó 2.589.073
pesos para producir un programa de TV en un canal de la provincia inexistente, según denunció la
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