RESTRICCIONES PARA TODOS

PARTE G
Sensación de desinformación:
información mala, engañosa e inaccesible
La información pública es aquella que produce o guarda el Estado en cumplimiento de sus funciones
específicas. Comprende el registro y documentación de las propias acciones estatales, así como de ciertas
actividades de terceros (en este último caso, siempre y cuando no se violen garantías legales y
constitucionales).
El concepto incluye —por ejemplo— las actas de una reunión de ministros, el presupuesto de la
administración pública, el texto de las normas legales y los datos de las estadísticas nacionales levantadas
por el organismo correspondiente.
En forma ideal, la información pública que refleje la actividad del Estado debe ser completa, veraz (no
puede confeccionarse un acta de una reunión donde se diga que asistieron tres ministros en lugar de seis; ni
un balance de una compañía estatal con cifras falsas), oportuna (estar a disposición del conocimiento
público con la menor demora: el presupuesto de 2013 no puede darse a conocer en 2017) y públicamente
accesible (cualquier ciudadano tiene derecho a obtener los datos correspondientes).
Estos principios son también de aplicación cuando se trate información producida por organismos públicos
a partir de mediciones, estudios u observaciones de actividades de terceros y aún de fenómenos naturales
(desde el INDEC hasta el Servicio Meteorológico Nacional). En esos casos, los datos deberían generarse con
metodologías adecuadas y de la mejor calidad disponible; la mala praxis negligente es tan grave como la
adulteración o falsificación deliberada de estos datos para obtener ventajas políticas (o de otro tipo), ya que
de su exactitud dependen muchas actividades.
Por razones evidentes, la información en poder del Estado que se refiera a la seguridad nacional (por
ejemplo, la de inteligencia o los secretos militares) o que involucre secretos fiscales (impuestos), secretos
comerciales (una fórmula propietaria industrial), ciertos datos personales (el número de una tarjeta de
crédito) o datos personales sensibles (temas de salud o vida sexual), tiene que quedar exenta del
conocimiento público.
Pero el secreto o reserva informativa debería ser limitado y tenderse siempre a favor del
acceso/divulgación. Esto incluye no calificar inadecuadamente a la información (por ejemplo, rotular a
estadísticas de producción agrícola en las fronteras como “secreto militar”, o como “datos personales” a
cifras sobre subsidios a empresas de servicios públicos).
La Constitución de 1994 consagró el derecho del propio interesado a acceder a los datos que existan
sobre su persona en registros estatales (o privados), de modo que pueda pedir la corrección o eliminación de
información incorrecta y que le ocasione un perjuicio (este principio se denomina hábeas data y está
regulado por la Ley 25326 del 04.10.2000).
Por otro lado, los organismos estatales destinados a hacer observaciones de inteligencia no pueden
desempeñar funciones que impliquen violación de las leyes (como interceptar comunicaciones sin orden
judicial, ya que esto infringe el secreto de la correspondencia —física o virtual—; ni recoger datos personales
sensibles o realizar inteligencia política interna, lo cual está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional
25520 del 27.11.2011).
El derecho al acceso a la información pública está consagrado por la Constitución, en forma indirecta, en
los artículos que se refieren a la forma republicana de gobierno y a la libertad de expresión. También figura
en los tratados internacionales suscriptos por Argentina y que tienen desde 1994 jerarquía constitucional
(Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros). El Decreto 1172/03 es la primera y única norma
de jerarquía nacional dictada al respecto.
En suma, el derecho de acceso a la información es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y
difundir información en poder del gobierno y es el que hace posible la publicidad de los actos de gobierno, la
transparencia en la administración del Estado y la participación del ciudadano en asuntos públicos. El acceso
a datos y documentos públicos es fundamental para ejercer otros derechos (derecho a la salud y la
educación, control institucional, exigencia de rendición de cuentas a los representantes y la propia libertad
de expresión), así como para fortalecer la democracia.
El gobierno kirchnerista, con la finalidad última de acumular poder, acallar críticas y evitar la
contradicción de El Relato, ha desarrollado una acción gradual pero constante encaminada a restringir —de
facto o con tecnicismos jurídicos— el acceso a la información pública. Con el mismo objetivo consiguió
reducir muchas estadísticas públicas —ya sea por su modo u oportunidad de presentación, por la aplicación
de metodologías fallidas o por la simple adulteración o “dibujo”— a datos fragmentarios, de mala calidad o
engañosos.
Los intentos de boicotear la sanción de una ley de acceso a la información, el frecuente incumplimiento
del Decreto 1172, promulgado por el propio gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y la falsificación de las
estadísticas del INDEC son los casos más claros en ese sentido, pero no los únicos.
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