RESTRICCIONES PARA TODOS

La idea-­‐fuerza de la “cadena nacional del miedo y del desánimo” le permitía a la presidenta eludir la mención de
problemas como la inflación, la inseguridad, el desempleo y la corrupción, mientras prefería culpar a los medios
precisamente por difundir lo que el gobierno intentaba desconocer, minimizar y ocultar.
24.07.2012
En un acto político, la presidenta Cristina Kirchner habla otra vez de una “cadena nacional del
pesimismo”, a la cual opone la “cadena nacional de la construcción”.
25.07.2012
Nuevos ataques a la prensa.
§
§
§
La presidenta Cristina Kirchner volvió a atacar a la prensa. Calificó a Perfil, Clarín y La Nación como
“el comando en jefe de la cadena nacional del miedo y del desánimo”, ahora buscando analogías
entre los medios y las conducciones militares.
Criticó a La Nación porque en una nota consignaba que “la mesa directiva de la Sociedad Rural le
planteó a un grupo de empresarios periodísticos su falta de diálogo con el gobierno y el desencanto
que enfrenta la actividad agropecuaria”. La mandataria aventuró: “creo que los pescaron en la
reunión y la blanquearon… mi impresión acá es que alguien los vio y la blanquearon antes de que los
escracharan”.
Mostrando un ejemplar de Clarín que revelaba que sólo el 28% de los gastos de la ANSES se usaba en
los jubilados, la presidenta criticó a su vez las compras que las AFJP hicieron en su momento de
acciones de Grupo Clarín “que de 23,85 pesos pasaron a valer 7”. Atribuyó esta baja bursátil a un
acto deliberado del Grupo Clarín para buscar su propio lucro en detrimento de los jubilados.
La presidenta cometió varios errores, los que invalidaron casi toda su argumentación. La “reunión” de la Sociedad Rural
fue un almuerzo en el restaurante de esa entidad ante centenares de personas; por tanto, no tuvo nada de secreta. La
mención de la baja de las acciones de Clarín como una operación para perjudicar a jubilados es absurda: las ex AFJP
compraron, entre otras, esas acciones como parte de una estrategia normal de inversiones (que conllevan ciertos
riesgos). La mayoría de los analistas considera que la pérdida de valor de las acciones del Grupo Clarín se debe
principalmente al hostigamiento que sufrió en los últimos años de parte del gobierno.
26.07.2012
Pedido de informes sobre adecuación.
§
La diputada Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires) sostuvo que la aplicación de la Ley de Medios se
efectuaba “con baja transparencia y alta discrecionalidad” y formuló un pedido de informes para
que AFSCA comunicase qué empresas se presentaron al proceso de adecuación de la ley “en tiempo y
forma”.
Según interpretó la Corte Suprema, el 28.12.2011 había vencido el plazo de adecuación para aquellos licenciatarios que
no interpusieron recursos ante la justicia (todos, menos el Grupo Clarín). A mediados del año no se sabía quiénes habían
presentado a AFSCA sus planes de adecuación y qué características tenían. Esta carencia de información venía tanto de
las mismas empresas como del organismo regulador. Luego se supo que nadie presentó tal plan hasta al menos 09.2012,
aparentemente en la creencia de que el interés verdadero del gobierno era sólo obtener un plan del Grupo Clarín —que
gozaba de una cautelar en su favor— mientras grupos de medios amigos o que respondían al gobierno podrían conservar
sus estructuras beneficiándose de “interpretaciones creativas” de la Ley de Medios (ver D.28.09.2011 – 07.12.2012).
Una vez que Martín Sabbatella fue nombrado titular de AFSCA (ver D.17.09.2012, Anuncian la designación… y
D.01.10.2012, Nueva estructura de AFSCA…) se cayó en la cuenta de que esta situación podría dejar un flanco legal débil.
Desde entonces se consideró que lo mejor sería que todos los grupos presentaran un plan de adecuación detallado, sin
perjuicio de que AFSCA ayudara con “interpretaciones” a aquellos más cercanos al oficialismo.
Cuando dio una conferencia de prensa en la que informó sobre las adecuaciones que debía hacer cada grupo,
Sabbatella omitió llamativamente referirse a determinadas situaciones (ver D.14.11.2012).
Reconoció entonces que “Telefé es español”, pero no mencionó que su capital está en manos de la española
Telefónica SA, cuya subsidiaria Telefónica de Argentina SA opera una red de telecomunicaciones en el país. Aunque
Sabbatella “interpretaba” que ambas son sociedades distintas y que Telefónica SA podía ser licenciataria de un canal de
TV porque no tiene por sí misma actividades en Argentina, la Ley de Medios establece muy claramente que controlada y
controlante deben ser consideradas como una misma entidad. Tampoco se refirió a la compra de emisoras por parte de
licenciatarios como Raúl Moneta o Cristóbal López, ambos aliados del gobierno, transferencias que se hicieron sin la
autorización previa de AFSCA y por un mayor número de medios de los que permite la ley.
Al convalidar estas situaciones mediante silencios e “interpretaciones” forzadas, Sabbatella —quien muchas veces
había insistido con la importancia de la transparencia y de medios que estén “dentro de la ley”— perdía autoridad moral
232