RESTRICCIONES PARA TODOS

instalar por su cuenta un buen número de medios antes de las “adecuaciones” de la Ley de Medios; y en parte por sus
contradicciones y debilitamiento político).
La nueva ley como reemplazo de la norma de la dictadura. La Ley 26522 reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22285,
promulgada en 1980 durante la época de la dictadura militar. La ley de facto contenía en realidad diversas cláusulas
antimonopólicas y no era sustancialmente mejor ni peor que muchas normativas previas (las censuras y prohibiciones
imperantes entonces en la comunicación y la falta de libertad de expresión se ejercían más que nada por acción general
del gobierno militar: presiones, amenazas, autocensura y hasta eliminación física; pocas figuraban como tales en la ley).
Entre otras cosas, la Ley 22.285 prohibía —a futuro— que los diarios operaran emisoras (como en los Estados Unidos
en ese entonces) y que un mismo licenciatario tuviera más de 4 licencias de radio y/o TV abierta en todo el país (no había
restricciones para la TV cable, en ese entonces muy incipiente). Clarín, La Nación y Crónica resistieron tenazmente la
cláusula impuesta por el gobierno militar de impedir que la prensa escrita pudiera operar emisoras (lo que vendría a
desmentir la acusación de connivencia con la dictadura que a veces se le formula a los dos primeros diarios). En cambio,
la asociación de licenciatarios de emisoras ARPA la apoyó.
Es cierto que la Ley 22285 fue “emparchada” decenas de veces durante el periodo democrático, al compás de
conveniencias políticas coyunturales, ya fuese por otras leyes, DNU y aún por resoluciones “interpretativas” del COMFER.
De todas maneras, seguía siendo una ley de la dictadura y con muchas disposiciones inadecuadas. La democracia le
debía al país una Ley de Radiodifusión y es cierto que muchas veces no pudo tratarse el tema por presiones de muchos
medios que se oponían a los cambios y que les convenía la indefinición en el tema y la anomia que se venía dando en el
sector de la radiodifusión.
Contenidos. No es cierto que la Ley de Medios no regule contenidos. Esto va más allá de las cuotas mínimas de
producción local o de música nacional. La regulación de contenidos se realiza en el momento de adjudicación de la
licencia, ya que en los concursos o en el procedimiento de adjudicación se exige presentar una propuesta de
programación: la llamada “propuesta comunicacional”.
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Art. 36 [...] En cada llamado a concurso o procedimiento de adjudicación, la autoridad de aplicación deberá
insertar la grilla de puntaje a utilizar correspondiente a la propuesta comunicacional, conforme los objetivos
expuestos en los artículos 2º y 3º [...] Los licenciatarios deberán conservar las pautas y objetivos de la
propuesta comunicacional expresados por la programación comprometida, durante toda la vigencia de la
licencia [subrayado nuestro].
La ley menciona varios factores de mérito aplicables a esta propuesta comunicacional (ver también —más
adelante—, el apartado Criterios de evaluación de solicitudes y propuestas). Pero es escueta al respecto y por eso las
normas más detalladas a las que debe ceñirse dicha propuesta comunicacional debieron especificarse por decreto o
incluso en los pliegos específicos para los concursos o los procedimientos de adjudicación, los que son aprobados por
AFSCA.
El Decreto 1225/10 avanza un poco más en este tema:
−
−
“Art. 12 [...] 7) En los pliegos de bases y condiciones para la obtención de licencias de televisión, se
contemplará la asignación de mayor valor o puntaje a la propuesta que incorpore un porcentual significativo
dentro del especificado para la producción nacional o local, y que involucre a autores, técnicos, actores,
músicos, directores y artistas, que corresponda a obras de ficción”.
“Art. 34 [...] a) En la evaluación se asignará mayor valor o puntaje a las propuestas vinculadas con la
producción local.
b) Deberán tenerse en cuenta favorablemente, entre otros aspectos, la propuesta que tienda a la
desconcentración de la propiedad […]; la transparencia en la identidad de los propietarios reales del
servicio; la separación formal y operativa entre los intereses periodísticos de aquellos comerciales,
financieros, particulares, gubernamentales o de cualquier otra naturaleza, y el respeto y fomento a la
pluralidad de voces”.
Los pliegos concretos pueden imponer todavía más condiciones.
¿Qué significa todo esto? Debido a la vaguedad de la ley y aún del decreto reglamentario, nada impide a AFSCA
llamar a concurso, por ejemplo, para emisoras de tango o folklore o para canales abiertos de noticias, o para
radiodifusoras con programación “social” o “alternativa”. O, en una hipótesis menos extrema, evaluar como factores de
mérito para los concursos a propuestas que se comprometan a determinado tipo de programas, lo que supone una fuerte
intervención en los contenidos. (Algo de esto ocurrió a fines de 2013, cuando se llamó a un concurso especial para
readjudicar la licencia de la quebrada emisora comercial LT28 Radio Rafaela. En esa ocasión sólo se aceptaron
propuestas de grupos sin fines de lucro.)
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