RESTRICCIONES PARA TODOS

PARTE F
Nunca Menos:
desvirtuación de la comunicación gubernamental
La “publicidad de los actos de gobierno” es un precepto inherente a la democracia republicana. Una de sus
expresiones es el acceso a la información pública propiamente dicha (normas legales, datos sobre el costo y
actividades del gobierno, estadísticas, etc.) 196 . Pero también abarca la comunicación gubernamental: los
mensajes del gobierno que adoptan formas publicitarias (pauta publicitaria oficial) y las declaraciones de los
gobernantes (discursos, textos, comunicados, conferencias).
Los mensajes publicitarios y declaraciones emanadas de las autoridades hacen efectivo el derecho a la
información de los ciudadanos y la exigencia de rendición de cuentas de los representantes del pueblo. Al
mismo tiempo, establecen un vínculo entre gobernantes y gobernados y, además, sirven para que las
empresas y organismos del Estado cumplan con sus funciones y objetivos.
Los mensajes publicitarios estatales (los que se paguen o se difundan gratuitamente en los medios de
comunicación) deberían —antes que nada— informar sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y
sobre las acciones que éstos deban seguir para beneficiarse de alguna prestación de interés público, así
como difundir medidas relativas a emergencias o dar a conocer licitaciones, edictos y similares. En el caso
de las empresas estatales la publicidad debe estar estrictamente relacionada con su objeto social.
Para que estas finalidades no se desvirtúen, estos avisos no deben ser utilizados para difundir propaganda
política, ideológica o partidaria. Tampoco debe difundirse la “obra” de gobierno en tono de exaltación, ya
que se trata de algo muy distinto a la publicidad de los “actos” gubernamentales. (La divulgación de esa
“obra” debe estar a cargo de las declaraciones de los gobernantes recogidas libremente por el periodismo o
bien ser difundidas por el partido correspondiente.) Menos aún debe emplearse la publicidad oficial para
cuestionar acciones y opiniones de ciudadanos o de gobernantes de otros sectores políticos. Todas estas
acciones infringen la separación entre Estado, gobierno y partido.
Aun cuando los contenidos de la publicidad oficial no presenten objeciones, no debe emplearse como
manera de subvencionar a medios de comunicación y/o premiar o castigar sus líneas editoriales según si
apoyan o se oponen al gobierno: esto presupone la violación del principio de igualdad ante la ley y un modo
de restringir la libertad de expresión. Más aún, esta modalidad ha sido calificada como censura indirecta por
la OEA y varias ONG.
Las declaraciones de los gobernantes pueden tomarse mayores libertades, como defender sus posiciones
o políticas y sus “obras” de gobierno, ya que no se le puede negar este derecho a un presidente, gobernador
o intendente en sus discursos o expresiones. También deben cumplir una función de rendición de cuentas,
como son los casos de las conferencias de prensa.
Sin embargo, estas declaraciones deben ser recogidas libre y voluntariamente y/o “mediadas” por el
periodismo. Si la reproducción de tales declaraciones se hiciera obligatoria o tuviesen prioridad o
preferencia —sólo admisible en casos de cadenas nacionales para tratar asuntos de trascendencia
institucional o relativos a emergencias— se transformarían en propaganda política o partidaria. Las
conferencias de prensa, en cuanto a sus formas y contenidos, son ámbitos que tampoco deben ser utilizados
para la propaganda político-partidaria.
Si el kirchnerismo o cualquier otro oficialismo desearan desarrollar mensajes sistemáticos para difundir
su “obra de gobierno”, o con enfoques “militantes” o de “propaganda”, o aún que defiendan sus ideas y
accionar con un sentido periodístico, deberían hacerlo con su propia infraestructura y dinero. Es decir, de la
misma forma en que lo hacen los demás partidos o sectores no vinculados con el gobierno: a través de los
medios generales o de sus propios medios de comunicación (que funcionen sin privilegios ni subvenciones
selectivas) y no con recursos (estatales) de todos los argentinos.
Las actividades y figuras oficialistas siempre tendrían una cobertura ecuánime en medios públicos
verdaderamente pluralistas y que funcionen como un espejo integral del país. Es decir, que estén
administrados de una forma diametralmente opuesta a como los kirchneristas los manejan hoy.
La siguiente es una reseña cronológica analítica y comentada acerca de lo que aquí se califica como
desvirtuación de la comunicación gubernamental por parte del gobierno nacional.
Esta desvirtuación, que el kirchnerismo ha llevado a niveles no vistos en ningún gobierno
democrático desde 1983, se produce: a) cuando la publicidad oficial pagada se asigna discrecionalmente
para subvencionar medios afines o para sancionar a aquellos que contrarían al gobierno, b) cuando la
publicidad oficial y la comunicación gubernamental se emplean para difundir mensajes políticos o
ideológicos con sentido partidario/propagandístico, incluyendo desinformación o sectarismo, c) cuando
el gobierno no cumple con el deber de informar o se menosprecia la función del periodismo para
196 El acceso a la información pública propiamente dicha y sus parámetros de calidad se trata en la PARTE G - Sensación de
Desinformación: Información pública mala, engañosa e inaccesible.
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