RESTRICCIONES PARA TODOS

El centro del problema es el accionar del kirchnerismo en el gobierno como un elemento lesivo para el
ejercicio de la democracia y la convivencia debido a sus afanes de control, perpetuidad, desapego a la ley y
uso indiscriminado del conflicto sin medir consecuencias.
El kirchnerismo dice llevar adelante un “modelo” para beneficio del pueblo argentino. Pero hoy está
compuesto por dirigentes que se han vuelto millonarios en el gobierno y que le niegan a la ciudadanía
privilegios que ellos mismos se asignan. Mientras le dicen a la gente que se puede comer con seis pesos por
día, reducen la inflación a un invento o conspiración y la inseguridad a una sensación; condenan al
periodismo que descubre hechos de corrupción o contradicciones entre la realidad y El Relato y, a la vez,
cree (o simula creer) que el descontento se debe a que está “manejada” por “los medios” (curiosamente,
ignorando el accionar de los numerosos medios K) 17 .
Es en este marco donde deben situarse las cuestiones sobre comunicación y libertad de expresión.
Cuando los kirchneristas afirman con aire de víctimas que “los medios” son “la oposición” no hacen sino
anunciar una profecía autocumplida. Ellos mismos han colocado al periodismo independiente en esa
situación a partir de arrinconarlo y considerarlo “enemigo” sólo por informar, interpretar y opinar con datos,
análisis y críticas que —suponen— contradicen su “modelo” y El Relato, creaciones del pensamiento único
que los kirchneristas elevan a categorías absolutas de razón de Estado, una suerte de “doctrina de la
seguridad del modelo (o de El Relato)”.
Jorge Fernández Díaz denunció en 2011 la visión que el gobierno tiene de los periodistas: “Ninguna otra
fuerza en la democracia moderna hizo tanto como el kirchnerismo para convertir al periodista profesional
en un enemigo del Estado” 18 .
En efecto, ningún grupo político que persista en una visión y conducta como la que hoy despliega el
kirchnerismo puede garantizar en forma sostenible la libertad de expresión. En este sentido, el accionar del
partido de gobierno debe ser denunciado y condenado, de modo que un fuerte clamor público lleve a sus
integrantes a recapacitar seriamente o, al menos, les haga ver que no pueden conceder o restringir, según lo
tengan a bien, una de las más básicas y necesarias libertades del sistema democrático.
Al fin de cuentas, la Ley de Medios de hoy no es sino un pretexto. Sin considerar, por obvias, la censura y
demás enormidades de los gobiernos de facto contra la libertad de expresión y concentrándonos sólo en las
gestiones emanadas del voto, cabe preguntarse ¿cuál es la diferencia entre la incautación del principal diario
del país en 1951 (La Prensa), la intervención por parte del Estado de los canales privados de TV en 1974 —
que los puso en manos de López Rega y luego de los militares— y el intento de desmantelamiento del Grupo
Clarín?
Las justificaciones declaradas fueron distintas en cada caso. En los 50 era expropiar el diario de la
“oligarquía vacuna”, exponente máximo de la “contra”. En los 70 se pretendía “recuperar los canales para
el pueblo” y “liberarlos de la dependencia norteamericana y sus socios”, así como de la “alienación” de la
publicidad y el “sensacionalismo” (temas de los que curiosamente ya casi nadie habla pero que en su
momento algunos los consideraron entre los principales problemas nacionales). Y en 2012 se buscaba
“desmantelar el monopolio destituyente y la concentración mediática”.
Pero eran variaciones de un mismo fenómeno: todas las acciones estuvieron precedidas por intensas
campañas movilizadas desde el gobierno, que usaban defectos reales o imaginarios de estos medios con el
objetivo de lograr consenso para su incautación o cierre. Cuando estos propósitos se consumaron, en ningún
caso hubo más libertad después, sino todo lo contrario. En verdad, son acciones llevadas adelante por las
mismas capillas políticas e ideológicas que quieren limitar la libre expresión e imponer el pensamiento
único.
La reconstrucción de la libertad de expresión plena será una tarea pendiente cuando se inicie una nueva
etapa en la República Argentina. Esto implicará, entre otras cosas, competencia real de medios grandes y
pequeños de distintas ofertas y visiones —sin privilegios ni exclusiones—, eliminación del ambiente de temor
y obsecuencia promovido desde el Estado, medios públicos verdaderamente pluralistas y desvinculados del
gobierno, impulso de la comunicación gubernamental no propagandística y establecimiento de la veracidad y
la transparencia en la información pública.
Por esta razón, nuestro trabajo no se limita a una descripción crítica del kirchnerismo en comunicación e
incluye, consecuentemente, una propuesta para el debate que recoge los puntos anteriores (ver PARTE I).
17 “‛El tema de La Cámpora en las escuelas es una vergüenza. Al [Colegio] Lasalle de Ramos Mejía, por permiso del director,
entró La Cámpora. Yo me fui a quejar y el director me contestó que yo leo mucho Clarín’, dijo una vecina de esa localidad de La
Matanza, Patricia Álvarez, 44 años” (Clarín, 14.09.2012).
18 La Nación, 07.05.2011.
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