RESTRICCIONES PARA TODOS

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El papel principal en la redacción del proyecto estuvo a cargo del abogado-académico kirchnerista
Damián Loreti, con alguna intervención política del ultrakirchnerista Gabriel Mariotto, titular del
entonces COMFER y futuro vicegobernador “destituyente” de la provincia de Buenos Aires.
También intervino en forma relevante la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos
del COMFER/AFSCA, vinculada políticamente con Mariotto. (Sin embargo, en 09.2012, cuando tuvo
lugar una “purga antimariottista” en AFSCA, fue reemplazada en ese cargo por una abogada de La
Cámpora y luego por personal vinculado con Martín Sabbatella, en ambos casos carentes de la
formación técnico-jurídica de Peñafort.)
Una participación menos importante fue la de Analía Elíades, otra kirchnerista militante, abogada y
académica de la comunicación que respondía a Florencia Saintout (rectora de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que premió a Hugo Chávez).
La labor de Loreti se basó en un borrador realizado en 2008 por Gustavo López, abogado-­‐periodista e interventor
del COMFER en la gestión de De la Rúa y quien se identificó con el kirchnerismo desde 2005-­‐2006, lo que condujo
a su designación como titular del Sistema de Medios Públicos por unos meses en 2006-­‐2007. El gobierno lo
apartó después de temas de comunicación, aún cuando se trataba de su especialidad, aparentemente por
conceptuárselo demasiado independiente. En la redacción de ese borrador participó además otra radical K: Silvia
Vázquez, diputada y presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados entre 2010 y 2011
y quien tras caer en desgracia dentro del cristinismo (tenía una mejor cercanía con Néstor Kirchner) pasó a
criticar la ley y su implementación.
El borrador López-­‐Vázquez era mucho menos limitativo que el proyecto final de la Ley de Medios, y establecía
igualmente un máximo nacional de 10 licencias de AM, FM y/o TV abierta por titular, pero no imponía topes a la
cantidad de licencias para cable (ni impedía que el titular de un canal abierto de TV pudiese operar un sistema de
cable y señales). Si bien dicho proyecto no permitía que el cable llegara a más del 35% del total nacional de
abonados, tampoco le fijaba límites similares a emisoras abiertas de radio o TV. No está claro si este proyecto
fue elaborado por iniciativa propia de López o le fue encargado por el poder ejecutivo. (Este proyecto se basó, a
su vez, en un borrador preparado por López en 2001 para el presidente De la Rúa, que era todavía menos
limitativo, ya que mantenía el máximo entonces existente del 24 licencias nacionales por titular y no fijaba el
tope del 35% para el cable, ni máximos de licencias para este último servicio.)
El proyecto Loreti agregó las extensas notas jurídico-­‐académicas y numerosas limitaciones y restricciones,
entre otras, sobre el cable y las señales. Estas últimas afectaban principalmente a Clarín, cuando ya se había
desatado la “guerra” con el gobierno.
Por otra parte, un grupo integrado por ONG, sindicatos y universidades, la Coalición por una Radiodifusión
Democrática, había dado a conocer un documento en 2004 (“21 Puntos”) en el cual, entre otras cosas, por
primera vez se mencionaba (y pedía) la reserva del 33% para prestadores no estatales sin fines de lucro (ver
D.27.08.2004). El gobierno de Néstor Kirchner lo recibió con indiferencia. En 2008, cuando el proyecto de ley
comenzó a ser “debatido”, la Coalición le reenvió los puntos a la presidenta Cristina Kirchner. Esta vez, los
representantes del grupo se entrevistaron con la mandataria en la Casa Rosada. Uno de los principales
redactores e impulsores de esos 21 Puntos había sido el propio Loreti.
Loreti, sin embargo, no fue considerado suficientemente “obediente” a la Casa Rosada como para ser
designado titular de AFSCA, pese a que más allá de sus ideas tenía las suficientes credenciales académicas y de
trayectoria. (Se prefirieron militantes K hiperdisciplinados y con escaso conocimiento del tema.)
§
29.03.2009: Con el borrador del proyecto del poder ejecutivo se iniciaron los “foros” de discusión de
la Ley de Medios.
Los “foros” (en realidad, asambleas) fueron organizadas por el gobierno en universidades y lugares públicos
donde supuestamente se escucharon los pareceres de la “sociedad”. Pero no se trataba de verdaderas audiencias
públicas. Algunas de estas reuniones fueron convocadas en un clima no neutral, dominadas de entrada por
militantes e insiders políticos o comunicacionales kirchneristas con posiciones previsibles y donde se escuchaban
aplausos y abucheos. Claramente, no eran bienvenidas en ellas las posturas “políticamente incorrectas”.
En esos foros, asimismo, se concedió una voz meramente cooptativa a algunos académicos de la
comunicación y a sectores postergados o “alternativos”, a partir de cuyas posiciones se cumplía con “agregar”
algunas disposiciones no sustanciales. Con esto, se buscaba legitimar la ley ante la sociedad de modo que se la
pudiera presentar como una norma de elaboración “participativa”, amplia y pluralista.
De todas maneras, las disposiciones medulares del proyecto de ley no resultaron modificadas. En realidad, en
la confección de la ley se aunaron normas diseñadas con una clara intencionalidad política con algunas posturas
teórico-­‐utópicas de académicos de la comunicación y que el kirchnerismo encontró funcionales a sus propósitos
de control.
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