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Noticias incluyó en su edición del 29.01.2005 la nota “El repartidor”, que denunciaba el manejo<br />

discrecional de la pauta oficial. En ella se criticaba en particular al secretario de Medios, Enrique<br />

Albistur, encargado de la administración de la publicidad oficial (ver F.29.01.2005).<br />

A partir de ese momento, la editorial se convirtió en el “enemigo número uno” mediático del<br />

gobierno —antes de que lo fuera Clarín y desplazando a La Nación— y se le retiró por completo la<br />

publicidad oficial, medida que se mantuvo durante todo el tiempo que Enrique Albistur ocupó su<br />

cargo. Desde 2008 y hasta hoy, se pautó publicidad oficial muy limitadamente en algunas revistas<br />

menos importantes de la editorial (que no incluían notas políticas), pero casi nada en Noticias.<br />

Tampoco se pautó publicidad oficial en Perfil, un nuevo producto de la editorial. Era un semanario<br />

(después bisemanario de sábados y domingos) que cubría igualmente temas de actualidad y políticos.<br />

Apareció el 04.09.2005, con una tirada inicial dominical cercana a los 60.000 ejemplares (cerca de<br />

50.000 en 2012).<br />

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, Editorial Perfil fue el único medio relevante del país que<br />

sufrió este tipo de castigo. Por su parte, Albistur desarrolló un encono casi personal contra esta<br />

empresa.<br />

El 05.2005, Perfil interpuso un amparo contra el Estado alegando que se lo discriminaba en la pauta<br />

de publicidad oficial (ver F.05.2006 - presente).<br />

Desde entonces la acción estatal no se limitó solamente a la supresión de la pauta oficial. El gobierno<br />

también presionó a anunciantes privados para que no pusieran avisos en las publicaciones de Perfil,<br />

con el fin de perjudicar económicamente a la empresa. En el semanario Perfil, la publicidad privada<br />

terminó bajando a la mitad en pocos meses, según el director de la editorial, Jorge Fontevecchia<br />

(ver D.14.01.2007).<br />

Además, Noticias y Perfil vieron completamente cerrados su acceso a fuentes de gobierno. En el<br />

informe El precio del silencio (ADC, 2007) periodistas de la editorial señalaron que a ambas<br />

publicaciones se les denegaba sistemáticamente el acceso a los altos funcionarios del gobierno. Como<br />

resultado se las relegó a chequear la información sobre las actividades oficiales con funcionarios de<br />

segunda o tercera línea.<br />

El exeditor ejecutivo de Noticias, Darío Gallo, dijo que “cuando [los funcionarios] hablan con<br />

nosotros, lo hacen tomando algunas medidas de seguridad, en un lugar donde no quede registrada la<br />

visita, que no sean vistos por otros funcionarios, ya que esto les podría valer la reprimenda<br />

presidencial o algún otro tipo de castigo”.<br />

La nota de Noticias del 29.01.2005 marcó un hito en varios aspectos. <br />

En primer término, instaló en la Argentina el debate público sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de <br />

disciplinamiento editorial de los medios, en un momento en que el kirchnerismo distribuía la pauta oficial con una <br />

discrecionalidad absoluta basada en: <br />

1. Premiar líneas editoriales favorables, al punto de constituirse a veces en cuantiosos subsidios que transformaban a <br />

los medios beneficiarios en voceros paraoficiales y que de no existir pondrían en riesgo la misma continuidad del <br />

medio o su presencia en el mercado (Página/12). <br />

2. Torcer líneas editoriales o contenidos de programas o medios para hacerlos más favorables al gobierno y/o <br />

suprimir programas o figuras críticas (América TV, América 24 y algunos espacios alquilados). <br />

3. Castigar con la exclusión absoluta de publicidad oficial por la persistencia en una línea editorial crítica (Noticias, <br />

Perfil). <br />

En segundo lugar, demostró que el gobierno también presionaba a empresas privadas para que dejen de colocar <br />

publicidad a medios críticos. <br />

Finalmente, como modo de castigo adicional, un medio crítico podía sufrir el corte total del acceso a las fuentes de <br />

gobierno. Así, los funcionarios parecían considerar que la información pública es de su propiedad.<br />

publicidad oficial por montos desproporcionados a su importancia: de casi 493.000 pesos (2003) subió a unos 824.000 (2004),<br />

814.000 (2005) y 1,2 millones (2006). La situación de total ausencia de publicidad oficial en Noticias y la abundante pauta en sus<br />

competidoras persistió en 2007 y los años subsiguientes.<br />

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