RESTRICCIONES PARA TODOS

) designar la mitad de la Comisión Permanente de Preadjudicaciones (organismo cuya creación se
propone aquí, ver 20.1).
Los mandatos de los integrantes del CF durarán 4 años y comenzarán a la mitad de cada periodo
presidencial; tampoco podrán ser renovados.
20. Liberación de la adjudicación y renovación de licencias de las conveniencias políticas de los
gobiernos y en base a la neutralidad de los contenidos.
20.1 Dependiente de la AA, existirá una Comisión Permanente de Preadjudicaciones (CPP), que
adjudicará licencias correspondientes a medios que utilicen espectro radioeléctrico. Estará formada por
profesionales y académicos de la cultura, la comunicación, la ingeniería, la economía de los medios, etc.,
con las debidas calificaciones. Sus integrantes serán designados, la mitad, por el directorio de la AA y la otra
mitad por el CF (ver 19.2). Sus mandatos durarán 4 años y comenzarán a la mitad de cada periodo
presidencial: no podrán ser renovados.
La CPP evaluará y calificará las propuestas de los llamados a concurso. Sus recomendaciones deberán ser
convalidadas por el Directorio de la AA y adjudicarse o denegarse la licencia. Si el Directorio de la AA no
estuviese de acuerdo con las recomendaciones, el asunto pasará al CF, quien emitirá un dictamen que
deberá ser seguido en forma vinculante por el directorio de la AA.
20.2 En las solicitudes (propuestas) que se presenten en concursos para nuevas emisoras deberá incluirse
la información necesaria para que la CPP (ver 20.1) las evalúe y califique, utilizándose los siguientes factores
de mérito:
a) trayectoria en comunicación, cultura e información de los proponentes
b) proyecto técnico
c) proyecto patrimonial
En el caso de las entidades sin fines de lucro que aspiren a una licencia en la reserva del 20%, la CPP tendrá
en cuenta, también —en condiciones iguales o equiparables de dos o más propuestas—, que la licencia a
adjudicar contribuya a ampliar la diversidad. (Por ejemplo, si se presenta una propuesta para una emisora
de la Iglesia Católica y otra de una asociación religiosa judía y ya existiera una estación católica, la licencia
iría para la radio judía). Fuera del espectro reservado, solamente se tendrán en cuenta los factores
mencionados al inicio de este punto.
Una breve disgresión: Durante mucho tiempo se consideró que el Estado debía evaluar la programación y los
contenidos de cultura, artísticos, educativos, etc. de las propuestas para instalar nuevas emisoras: el
llamado “proyecto comunicacional”.
Luego de varias décadas, este método ha demostrado su fracaso. Si bien nunca sirvió para orientar
efectivamente la programación de las emisoras, esto también sería inconveniente, ya que pondría en manos
de cada gobierno la definición de los mensajes de los medios y del periodismo.
Hacer cumplir las propuestas originales de programación, por ejemplo, de Canal 9 o Radio América cuando
se adjudicaron en 1983, o de Telefé en 1990, sería imposible aún si hubiera una decisión política en este
sentido: implicaría un control policial sobre las emisoras y consagraría una rigidez impracticable. Por el
contrario, el “proyecto comunicacional” (propuesta de programación) se usó muchas veces de excusa para
asignar una licencia a algún amigo político de los gobiernos en detrimento de otros.
El hecho de que el Estado deba juzgar los contenidos de una programación para evaluarla como un factor de
mérito en un concurso público presenta los siguientes inconvenientes:
a) es una forma de censura indirecta: de esta manera se interviene en los contenidos y se condiciona la
adjudicación de una licencia a los mismos y
b) es un sistema inviable: si los compromisos de programación no pueden cambiarse, estaríamos ante
una emisora que no puede alterar su programación por los 10, 20 años o más que dure una licencia,
lo cual es absurdo. Pero si los compromisos de programación pueden cambiarse a lo largo de la
existencia de una emisora, entonces no deben considerarse como factor de mérito para evaluar una
propuesta.
Lo mejor es consagrar (como en Internet) el principio de neutralidad de los contenidos: el Estado no emitirá
opinión ni calificará los contenidos de una emisora que se proponga salir al aire o renovar su licencia. Los
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