RESTRICCIONES PARA TODOS

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La información debe suministrarse en 10 días, con un periodo prorrogable por 10 días más si son
datos de difícil acceso.
Sólo puede denegarse la información por razones de seguridad nacional, protección del secreto fiscal
o comercial, o cuando implique dar a conocer “datos personales” y “datos personales sensibles”.
También cuando permitiera vincular un patrón de consumo con una persona determinada o se pusiera
en riesgo la vida de una persona. Esta negativa debe efectuarse por acto fundado.
Cumplido el plazo, si la demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la
requisitoria hubiese sido ambigua, parcial o inexacta, se considerará que existe negativa en
brindarla, quedando expedita la acción prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos. La
negativa será considerada falta grave y podría asimismo acarrear responsabilidades civiles y penales.
El decreto incluye también el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo
Nacional (ministerios y otros entes públicos deben publicar la lista de las audiencias que concedan a
terceras partes), el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas (fija directivas
para la realización de audiencias públicas, donde cualquier ciudadano puede presentar opiniones y
propuestas con carácter no vinculante, siempre que el organismo encargado de aprobar una norma
disponga celebrar tales audiencias) y el Reglamento General de Reuniones Abiertas de los Entes
Reguladores de los Servicios Públicos. Además, dispone el acceso gratuito vía Internet al Boletín
Oficial.
§ La información pública comenzó a retacearse o a ocultarse desde fechas tan tempranas como 2005.
En cuanto a los pedidos formulados de acuerdo con el Decreto 1172, muchos de ellos nunca fueron
contestados, no obstante que dicho decreto establece plazos perentorios. Otras solicitudes se
respondieron con datos expuestos en forma confusa o incompleta. Los pedidos sobre informaciones
de empresas subvencionadas por el poder ejecutivo o explotadoras de servicios públicos —muchas de
ellas en manos de empresarios cercanos al gobierno— casi nunca recibieron contestación.
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Por ejemplo, un estudio de la UBA en 2005 dio por resultado que sólo un 25% de los alumnos que
solicitaron información obtuvieron respuestas. El periodista de La Nación Gabriel Sued debió esperar
más de un año para finalmente recibir en 2006 datos —desactualizados— sobre cómo se distribuían los
Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El gobierno llegó a negar cifras sobre delitos argumentando que se trataba de “datos personales”
(desde 2009 ya no se difunden estadísticas sobre delitos, excepto algunas en forma aleatoria).
También ha retaceado información sobre la metodología e índices del INDEC.
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Los pedidos de informes de los propios legisladores nacionales se enfrentaban a trabas parecidas. El
caso Boudou-Ciccone condensaba casi todos los criterios arbitrarios que se esgrimen para negar o
retacear datos. Esto se encontraba claramente explicado en un artículo de Hugo Alconada Mon en La
Nación del 07.07.2012:
“Algunos organismos públicos responden con evasivas. O sólo abordan una pregunta entre
muchas. O replican que no pueden informar. O que el interesado carece de ‘interés legítimo’
para acceder a los datos que pide. O hasta afirman que el curioso, aunque sea un legislador
nacional, cayó en la trampa de jugar para ‘intereses’ de ‘grupos económicos’ difusos. O,
directamente, ni responden.
El gobierno cerró así filas alrededor del vicepresidente Amado Boudou: durante los últimos cinco
meses rechazó entregar datos sensibles vinculados al caso Ciccone, según surge de los pedidos de
acceso a la información pública presentados en 11 áreas distintas del poder ejecutivo nacional
por senadores y diputados nacionales y por este cronista de La Nación.
Las magras o nulas respuestas abarcan desde la Jefatura de Gabinete y los ministerios de
Economía, Interior y Justicia hasta los bancos Central (BCRA) y Nación (BNA). También, la
Secretaría de Comercio Interior, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Pero las reacciones más notables las
aportaron la Casa de Moneda y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Firmada por su presidenta, Katya Daura, una funcionaria de extrema confianza de Boudou, la
Casa de Moneda respondió al presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra,
que no debería presentar consultas basado en supuestas revelaciones periodísticas.
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