RESTRICCIONES PARA TODOS

La empresa La Corte (y su subsidiaria Prensa Satelital) tiene a su cargo la generación de señal de TV de
casi todos los actos presidenciales y las cadenas nacionales (pese a que el Estado cuenta con la
infraestructura de Canal 7) y de la producción/transmisión de FPT a partir de 2014 por adjudicación directa.
La Corte pertenece a los hermanos Monzoncillo.
Otros ejecutores comunicacionales de El Relato desde el aparato estatal (con márgenes de autonomía
que en ocasiones los convierte en diseñadores) son, en orden de importancia, el cineasta Tristán Bauer, que
a través de RTA gestiona en los hechos Canal 7 (e indirectamente interviene en señales del Ministerio de
Educación, como Encuentro y Paka-Paka); la autoproclamada periodista “oficialista” María Seoane, que
dirige Radio Nacional y el poco conocido Osvaldo Nemirovsci, quien coordina el funcionamiento de la
plataforma estatal de TV digital con centro de operaciones en el Ministerio de Planificación.
Cabe señalar que en este esquema La Cámpora continuó manejando el área de noticias de Canal 7, donde
Bauer y el director ejecutivo de la televisora tienen poca intervención. La agencia Télam está igualmente
bajo control camporista desde 2012 a través de su titular Santiago “Patucho” Alvarez, no obstante situarse
nominalmente en la órbita de la SCP de Scoccimarro 117 .
El crucial proyecto de la TV digital abierta terrestre —un cambio inevitable de la tecnología en la
transmisión de imágenes pero en la cual el gobierno se autoasignó un rol hegemónico a través de la
plataforma TDA estatal— es gestionado como emprendimiento conjunto entre RTA (Canal 7), la sociedad
estatal ARSAT (propietaria de los equipos transmisores y de la red de transporte de señal), el INCAA y varios
ministerios y es coordinada desde el Ministerio de Planificación.
La gestión de la TV digital se extiende también al financiamiento de programación producida por privados
de acuerdo con lineamientos oficiales, pero cuyos derechos pasan al Estado (Contenidos Digitales Argentinos,
Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos –BACUA-, etc.) y se usan para dotar de contenidos a
las señales públicas.
Entre estos programas de TV subvencionados por el Estado (para los cuales se han asignado cerca de 200
millones de pesos sólo en 2013) figuran las ficciones El Pacto (la historia de Papel Prensa SA según la versión
kirchnerista, donde los “villanos” son Clarín y Héctor Magnetto con los nombres cambiados); Historias de
una muchacha peronista; Proyecto Aluvión (todo lo que usted siempre quiso saber sobre el peronismo y no
se animaba a preguntar); La Purga (historia de “uno de los tantos barrios populares de Córdoba,
empobrecidos por la desindustrialización y el neoliberalismo”) y Propiedad: Privados (El problema del
acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires) 118 .
Además de subsidiarse contenidos afines a El Relato también se promueven con preferencia las
realizaciones de amigos políticos del gobierno, como la telenovela Esa mujer (2013), de Andrea del Boca,
tramsmitida por Canal 7 en 2013.
En el organismo regulador audiovisual, AFSCA, Martín Sabbatella (desconocedor absoluto del tema) es
sólo la cara visible de una estrategia y accionar determinado por Zannini desde la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia. Aun así, Sabbatella ha convertido el ente en una réplica de su partido K Nuevo Encuentro,
desplazando a cuadros técnicos competentes y cubriendo casi todos los puestos con militantes y ex
funcionarios de su gestión en la Intendencia de Morón, quienes incluso aportan un diezmo salarial
“voluntario” para la citada agrupación política.
Un importante “hombre fuerte” del “aparato” en el ámbito estatal propiamente dicho fue el secretario
de Cultura, Jorge Coscia, que asumió el cargo en 2009 y fue reemplazado en 2014. El excrítico y director de
cine se desempeñó como máxima autoridad del INCAA con Eduardo Duhalde y durante la primera mitad de la
presidencia de Néstor Kirchner. También incidió de cerca en la gestión de su sucesora en el instituto
cinematográfico Liliana Mazure —con llegada directa a la presidenta— quien resultó electa diputada en 2013.
En ese momento fue reemplazada por María Lucrecia Cardoso, hasta entonces vice del organismo.
Sin embargo, Coscia —que también ejercía de “periodista” en Canal 9— comenzó a ser gradualmente
eclipsado por el titular de la Unidad Ejecutora del Bicentenario, Javier Grosman, quien tiene acceso directo
y privilegiado a Cristina Kirchner.
Grosman pasó a controlar cada vez más el área cultural, al punto de forzar la salida de Coscia pese a la
lealtad sin fisuras del cineasta a la presidenta y a El Relato, en lo que fue una puja más de poder que de
ideología. (La Cámpora, con su ubicua política de expansión dentro del aparato estatal, había introducido
también una cuña en los dominios de Coscia y pasó a controlar la actividad “territorial”, lo cual también
produjo roces).
117 En Télam, con servicios exclusivamente nacionales, trabajan 900 personas, el doble que a fines de los 90. La española EFE,
cuarta agencia de noticias del mundo y con servicios globales, cuenta con 3.000 personas en todo el planeta, aunque una parte
de esta cifra son periodistas que colaboran como freelancers.
118 Pese a que varias de estas realizaciones presumen de “progresistas” y “comprometidas” reservan su crítica hacia el “blanco
fácil” de la dictadura militar de 1976 y situaciones del pasado, e incluso contra gobiernos que no son del Frente para la Victoria,
como el de Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ninguna de estas producciones critica o denuncia temas actuales
que rocen de alguna manera al gobierno nacional o sus aliados: la megaminería, protestas sociales de piqueteros no K, la
corrupción, los problemas del transporte, el narcotráfico, las responsabilidades políticas locales en la trata de personas, la
pobreza, la inseguridad, la deuda pública o el maltrato de indígenas en el Chaco y Formosa. Debe aclararse que no se condenan
los puntos de vista de estas realizaciones en sí mismas —la libertad de expresión siempre debe ser absoluta— sino el hecho de
que se financien con dineros públicos sin que haya contrapartes de otras visiones.
313