RESTRICCIONES PARA TODOS

4. CONTENIDOS DIGITALES ARGENTINOS (CDA), se lanzó oficialmente el 15.06.2012. Había sido
creado por el Decreto 835 (21.06.2011) bajo administración del BACUA y el Consejo Asesor de TV
Digital (CA-SATVD-T).
CDA (www.cda.gob.ar) es una plataforma de video bajo demanda. Como tal posibilita utilizar una
conexión de Internet de banda ancha para mirar películas y otros contenidos en una computadora,
pero también en televisores que cuenten con NetCast o Internet, o en los propios decodificadores
para TV digital abierta, al igual que en tablets y dispositivos móviles con IOS (iPhone, iPad, iPod) o
Android.
Puede describírsela como una especie de videoteca gratuita que se integra con parte de los
contenidos de BACUA (ver punto 2 de este apartado), todos producidos o financiados por el mismo
Estado.
En CDA están disponibles contenidos de distinto tipo, principalmente la mayoría de las producciones
que forman parte del BACUA/CePIA y/o que fueron ganadoras de los concursos del Plan de
Contenidos.
CDA compite con otras plataformas que ofrecen películas, series y contenidos varios, como la
norteamericana Netflix, OnVideo (Telefónica) y Arnet Play (Telecom), pero todas ellas son pagas.
Este sistema (Plan de Contenidos/BACUA/CePIA/CDA) significaba convertir al Estado en un ente realizador y/o
subvencionador a escala masiva de contenidos de televisión como nunca antes se había hecho en la Argentina. Esto
puede verse de maneras positivas o negativas.
Si el Estado gestiona, subvenciona o financia museos, bibliotecas, salones de artes y realizadores artísticos —como un
aporte al arte, la cultura y a las expresiones que no son apoyados por el mercado— no deja de ser lógico que financie o
subvencione realizaciones de cine e incluso ciertas producciones de televisión no comerciales. En ningún país el Estado se
desentiende de esto. Fuera de los Estados Unidos, prácticamente todos los gobiernos del mundo subsidian al cine (desde
Inglaterra hasta Brasil y desde Australia hasta Alemania), ya que lo contrario casi no podría subsistir por sí mismo.
La cuestión es cómo y hasta qué punto el Estado debe participar en la generación de contenidos de TV, una actividad
que en sí misma suele ser lucrativa y masiva. Pueden efectuarse las siguientes consideraciones:
1. El dinero destinado debe tener un límite en función de las posibilidades del país. No parece racional que en un país
con tantas necesidades insatisfechas se gasten más de 100 o 200 millones de pesos anuales sólo en subsidiar decenas
de realizaciones de televisión de terceros. Aunque de ninguna manera la cantidad de espectadores puede ser el único
parámetro, la mayoría de estas ficciones y documentales —algunas de las cuales han recibido 7 millones de pesos de
subsidio— han cosechado apenas 1, 2 o 3 puntos de rating (sólo algunas, excepcionalmente llegaron a 5 o 6 puntos),
tanto en Buenos Aires como en el interior.
2. No deben subvencionarse ficciones de canales de TV privados comerciales de Buenos Aires, que están ya en
mercados suficientemente ricos. Esos canales son empresas que facturan cientos de millones de pesos anuales y no
pueden depender del dinero estatal en este tipo de actividades.
3. Los comités evaluadores deben ser completamente independientes del gobierno y evitar amiguismos y favoritismos
político-­‐ideológicos.
4. Los subsidios a programas del interior deben enmarcarse dentro de un cronograma planificado y racional que
fomente el surgimiento de una industria de contenidos en distintas ciudades que pueda sostenerse por sí misma.
Cuando esto se logre los subsidios deben cesar o reservarse sólo para canales públicos.
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