RESTRICCIONES PARA TODOS

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Incompatibilidades y capital extranjero.
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Un licenciatario audiovisual o un accionista de una empresa licenciataria no puede tener más de
10% de acciones de una sociedad que sea “prestadora por licencia, concesión o permiso de un
servicio público nacional, provincial o municipal”.
Esta limitación es correcta para evitar que la ligazón con el Estado les permita a las emisoras obtener privilegios
o bien que se condicione la programación. Pero no hay otra alternativa que exceptuar a las empresas de
telecomunicaciones por estar en un ramo afín a los servicios audiovisuales y ser un importante contrapeso
potencial de las empresas de cable (quizás también puedan exceptuarse, como la ley ya lo hace, a las
cooperativas de servicios públicos en general y siempre que sean solamente locales, ver abajo).
Asimismo, esta restricción debería ampliarse a los concesionarios o contratistas del Estado en general que
superen ciertas dimensiones y/o que ofrezcan determinados tipo de prestaciones. Es ilógico que no puedan tener
emisoras o cables quienes explotan una empresa de suministro de gas, y, en cambio, quienes manejan casinos o
bingos autorizados por el Estado sí puedan hacerlo.
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Como excepción, las cooperativas que presten servicios públicos, incluso telefónicos o de
electricidad, sí pueden tener emisoras de radio, TV abierta o cable (con los límites aplicables de
la multiplicidad de licencias locales y nacionales). No podrán incurrir en prácticas de subsidios
cruzados. En los casos de servicios de cable dichas cooperativas de servicios públicos estarán
obligadas a compartir su infraestructura de postes, mástiles y ductos ya existentes con otros
prestadores en condiciones de mercado.
Hasta entonces, según la Ley 26053 (ver D.17.08.2005, Se autoriza que entidades…) las cooperativas podían
tener emisoras de radio o TV abiertas y sistemas de cable (en este último caso, sólo si no hubiera un sistema
similar privado comercial en la misma ciudad).
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Se acepta hasta un 30% de capital extranjero (siempre que no sea determinante en el control
“directo o indirecto” de la voluntad social). Cuando exista un tratado de “reciprocidad
efectiva” en la actividad de servicios de comunicación audiovisual entre la Argentina y otro
país, la proporción de capital extranjero se elevará hasta el límite que contemple tal
reciprocidad.
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La “adecuación” o desinversión. El artículo 161, otro de los que generó una fuerte controversia,
obliga a las empresas de medios audiovisuales a vender o transferir en el plazo de un año los medios
que no se ajusten a la nueva ley.
Distintas acciones judiciales y decisiones de AFSCA de no aplicar este artículo pospusieron el plazo hasta fines de
2012. Para Clarín, que se benefició de medidas cautelares, dicho plazo comenzaría a correr a partir de aquel
momento. Sin embargo, la Corte Suprema lo consideró cumplido para esa fecha.
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Autoridad de aplicación. El COMFER es reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), un ente autárquico en la órbita de la Presidencia cuyo objetivo es
el de aplicar la ley y supervisar los servicios, formado por 7 directores: 2 elegidos por el poder
ejecutivo, 3 por una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual
del Congreso (uno oficialista y dos opositores) y 2 surgidos del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual (COFECA) (ver el siguiente apartado). Los directores durarán 4 años en sus funciones y
pueden ser reelegidos una vez. (Para más detalles ver D.10.12.2009).
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA). Se crea el Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual (COFECA), organismo mayormente consultivo dominado por representantes
de los gobiernos provinciales (25 escaños) y que integran también representantes propuestos por
cámaras de radiodifusoras, sindicatos, universidades, etc. (Para más detalles ver D.09.12.2009,
Comienza a funcionar en forma efectiva…).
Radio y Televisión Argentina SE (RTA). El Sistema Nacional de Medios Públicos es reemplazado por
Radio y Televisión Argentina SE (RTA), que será la empresa estatal operadora de las emisoras de
radio y TV del Estado nacional (LRA Radio Nacional y su red, LS82-TV Canal 7 y sus repetidoras, etc.).
Entre sus objetivos se mencionan “respetar y promover el pluralismo político” y “garantizar el
derecho a la información”.
RTA tendrá un directorio formado por 7 miembros: 1 presidente y 1 director elegido por el poder
ejecutivo, 3 por una Comisión Bicameral del Congreso (uno oficialista y dos opositores) y 2 surgidos
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