RESTRICCIONES PARA TODOS

30.08.2012
Restringen a los periodistas cubrir deliberaciones de una comisión del Senado.
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Se impusieron restricciones —sin fundamento legal— para que los periodistas presenciaran el debate
de una comisión del Senado en la que se debatía el traspaso de los depósitos judiciales del Banco
Ciudad al Banco de la Nación.
Al día siguiente, el bloque de diputados del PRO le envió una carta al vicepresidente Amado Boudou.
En ella se quejaba de que “se obstaculizó el trabajo de los periodistas parlamentarios prohibiendo
su ingreso a la sala de reunión de comisión donde se debatía el traspaso de fondos del Banco Ciudad.
Se atentó contra la libertad de expresión, el acceso a la información pública y nuevamente el
sistema republicano fue puesto en jaque. Además se verificó una clara violación al reglamento de la
Cámara de Senadores”.
Los diputados recordaron que, según la última modificación del reglamento, “las reuniones de
comisión son públicas. Sólo puede declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus
miembros y cuando los asuntos a tratar requieran de estricta confidencialidad”.
Destacaron además que ese cambio fue introducido por Cristina Kirchner durante su mandato como
senadora. La carta finalizaba: “le solicitamos se abstenga de adoptar en el futuro medidas que
puedan conculcar el funcionamiento democrático del Congreso”.
09.2012
La AFIP ofrece un formulario para ser completado en forma anónima y voluntaria en el que indaga sobre
los medios y periodistas que prefieren los ciudadanos.
§ Un punto de este formulario, por ejemplo, buscaba saber qué conductores o periodistas radiales —
mencionados con nombre propio— escuchaba el ciudadano, por qué razón e incluso debía aclararse si
se “coincide con el punto de vista u opinión” del comunicador.
05.11.2012
Ante un inminente fallo de la Corte Suprema, el gobierno comienza la publicación de decretos secretos
y que hasta entonces no quería dar a conocer.
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Tras la resistencia inicial de la Presidencia y a raíz de una demanda judicial de Clarín de 2011 para
revelar los presuntamente 478 decretos secretos del periodo 1976-1983, el gobierno decidió
comenzar la publicación de tales decretos en el Boletín Oficial (Decreto 2103/12). La causa no tenía
sentencia firme para ese entonces y estaba en camino a la Corte Suprema.
Sin embargo los primeros decretos secretos dados a conocer correspondieron a las presidencias de
Pedro Eugenio Aramburu y Arturo Frondizi. Posteriormente se publicaron algunos decretos aislados de
la etapa de Jorge Rafael Videla.
Una nota de Clarín (14.04.2013) planteaba dudas: “ninguno de esos números [deducidos por
omisiones] coincide con la numeración de los primeros decretos que divulgó el gobierno. ¿Es que hay
más de los 478 que Clarín reclama y el gobierno niega desde abril de 2009? ¿Acaso la dictadura
elaboró una numeración distinta para las normas que no pensaba publicar? ¿O las actas oficiales
están regadas con decenas de errores?”.
Resultó sorprendente la resistencia del gobierno sobre la publicación de los decretos secretos de la dictadura. ¿Podría
tener relación con la posibilidad de revelaciones incómodas?
04.12.2012
La Corte Suprema ordena al PAMI que informe sobre gastos de publicidad oficial y reconoce por primera
vez el derecho ciudadano al acceso de la información pública.
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Un fallo de la Corte Suprema determinó que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, más conocido como PAMI, debía comunicar sus gastos de publicidad oficial, los que
fueron solicitados por la ADC.
A mediados de 2009, la ADC realizó un pedido de información para conocer el monto y distribución
de la publicidad oficial del PAMI desde 2008, cuando se autorizó al organismo a publicar avisos por su
cuenta. Pero PAMI se negó a proporcionar los datos aduciendo que constituían “información
personal” y que el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública no lo alcanzaba, pese a que
claramente disponía lo contrario.
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