RESTRICCIONES PARA TODOS

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Cada municipalidad del país puede contar con 1 FM.
Cada universidad nacional puede instalar 1 AM, 1 FM y 1 canal de TV abierta (y eventualmente
otras, si las requiriese).
En principio, esto sumaría al menos 2.500 frecuencias en todo el territorio nacional que, de esta manera,
quedarían reservadas al Estado en sus distintas expresiones e implicarían una presencia desproporcionada de
este sector. Aun cuando el Estado nacional o las universidades desarrollaran servicios de calidad y
verdaderamente públicos —cosa que hoy no ocurre en la mayoría de los casos—, es muy previsible que muchas
emisoras oficiales, en particular las de provincias o municipalidades, se utilicen para propaganda política o
clientelismo en beneficio de la administración de turno sin hacer aportes de tipo cultural o educativo.
Las reservas de frecuencias no pueden ser dejadas sin efecto, aunque las emisoras estatales o de
universidades nacionales previstas no funcionen, lo que restaría espectro a otras emisoras que sí quisieran
transmitir.
§
Licencias.
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Para estaciones de radio y TV abiertas privadas, de empresas comerciales o sin fines de lucro, las
licencias se otorgarán por concurso sustanciado y adjudicado por AFSCA (pero en el caso de
estaciones en ciudades de más de 500.000 habitantes y con cobertura de 50 o más kilómetros,
previo concurso de AFSCA, se adjudicarán por decreto del poder ejecutivo).
Estos concursos serán efectuados con el sistema de concurso abierto y permanente. Todas las
frecuencias del Plan Técnico que no sean adjudicadas se mantendrán en concurso abierto y
permanente. AFSCA debe llamar a concurso público en 60 días cuando un interesado comunique
su deseo de instalar una emisora de radio o TV.
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Las emisoras abiertas del Estado nacional, provincial, municipios, gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, universidades nacionales, comunidades de pueblos originarios e Iglesia Católica, se
concederán por adjudicación directa.
− Los sistemas de TV cable y satelital se otorgarán por adjudicación directa 87 .
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Las señales destinadas a ser reproducidas por TV cable y satelital no requerirán licencias, pero
deberán inscribirse en un Registro de Señales.
Hasta el momento las señales no requerían de licencias ni de registro.
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Las licencias para emisoras privadas duran 10 años con opción a ser renovadas por única vez por
igual periodo, siempre y cuando no registren faltas reiteradas graves a las disposiciones vigentes.
Después de ese periodo de 10 + 10 años, si se trata de un servicio de radio o TV abiertas, se
volverá a llamar a concurso en el cual podrá presentarse el licenciatario de ese momento. Si es
un servicio de cable o satelital pago, el licenciatario podrá volver a solicitar una licencia.
Hasta entonces las licencias duraban un máximo de 15 + 10 años.
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Las licencias (autorizaciones) para los entes estatales, universidades nacionales, Iglesia Católica
y pueblos originarios son de duración indefinida.
En lo sustancial, era el mismo método de otorgamiento de licencias utilizado antes de la Ley de Medios: emisoras
abiertas privadas por concurso (en todos los casos por decreto) y cables por adjudicación directa (en todos los
casos por resolución del ex COMFER). Como excepción, convocatorias de 1999 y 2006 (y concomitantes)
otorgaron emisoras de FM de baja potencia por adjudicación directa.
Las licencias privadas deberían ser con renovaciones pero por términos indefinidos. El hecho de que una
emisora deba volver a presentarse a concurso luego del vencimiento definitivo de su licencia (y que pueda
87 Sin embargo, si se tratase de un nuevo operador en una localidad que ya cuenta con uno similar, AFSCA deberá “realizar una
evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población, dar publicidad la solicitud [...] [y] en caso de
presentarse oposición por parte de otro licenciatario de la misma área de prestación, AFSCA deberá solicitar un dictamen a la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que establezca las condiciones de prestación de los servicios”. (Bajo esta
disposición, AFSCA podría rechazar una solicitud para que comience a funcionar un nuevo operador de cable, en cuyo caso sería
un apartamiento de la normativa seguida desde hace décadas, que determinaba la adjudicación de licencias de TV cable a todo
aquel que la solicitara, cumpliendo requisitos mínimos.)
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