RESTRICCIONES PARA TODOS

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A la vez, dispuso la inconstitucionalidad de los límites a los sistemas de cable. La ley fija un tope de
24 licencias de cable en todo el país (considerando una licencia como una
ciudad/partido/departamento).
La cámara también declaró inconstitucional:
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la prohibición de la titularidad conjunta de emisoras de radio o TV abiertas y sistemas de cable
en una misma localización.
la limitación del alcance de las emisoras abiertas al 35% de la población y de los sistemas de
cable al 35% de los abonados del país.
la prohibición a los sistemas de cable de tener señales propias (excepto la señal de generación
propia local).
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El fallo reconocía “derechos adquiridos” frente a la “adecuación” o “desinversión” determinada por
la ley. En consecuencia, el Estado debería compensar a las empresas por desprenderse de medios con
licencias vigentes.
Concretamente, la cámara declaró parcialmente inconstitucional el artículo 45 (los limites antes
indicados) y la segunda parte del artículo 48 (según el cual “el régimen de multiplicidad de licencias
previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en
materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan por la
presente o en el futuro”).
En cambio, se declararon constitucionales los artículos 161 (el plazo de un año para la adecuación de
las empresas a la Ley) y 41 (la intransferibilidad de las licencias, con excepciones muy específicas,
pero sólo hasta un 50%).
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Con el fallo de la cámara, Clarín lograba que las disposiciones no impugnadas de la ley apenas
afectaran al grupo: podría conservar 10 de sus 11 emisoras abiertas (7 de radio y 4 de TV) y todos sus
sistemas de cable y señales.
La sentencia, como se esperaba, fue apelada simultáneamente por el gobierno y el Grupo Clarín. De
esta forma, el caso seguiría hasta la Corte Suprema.
29.10.2013
La Corte Suprema declara constitucional la Ley de Medios.
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Revirtiendo el fallo de la cámara, la Corte Suprema declaró la “constitucionalidad general” de la Ley
de Medios, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi, Elena
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
Para esos seis de los siete jueces de la Corte, la ley “es constitucional, porque [la regulación de los
medios] es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de
los jueces”.
“Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de
igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes”, decía el
fallo. Agregaba que la Ley de Medios cumple “con la libertad de expresión y el derecho de los
consumidores a la información”.
Cuatro de los siete jueces (Lorenzetti, Highton, Petracchi y Zaffaroni) consideraron que “no se ha
probado que exista una afectación actual de la libertad de expresión”.
En opinión de estos magistrados “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del
Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga
en riesgo su sustentabilidad económica. La sustentabilidad no puede ser equiparada a rentabilidad,
y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de
una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria”.
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Los jueces determinaron que el artículo 48 (inexistencia de derechos adquiridos) de la ley es
constitucional, pero interpretaron que “nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general,
siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual”. Esto abría la puerta a una
posible compensación a los grupos (especialmente a Clarín) que debieran desprenderse de sus
licencias.
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