RESTRICCIONES PARA TODOS

2. Constatación de oficio: procedimiento a iniciarse de oficio por AFSCA para constatar la efectiva
adecuación a las disposiciones del artículo 161 de la Ley de Medios.
3. Adecuación por transferencia de licencias.
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Transferencia voluntaria: los licenciatarios podrán transferir las licencias a un tercero que
cumpla con los requisitos legales o bien otorgarle dicha facultad al AFSCA para el
correspondiente concurso público.
Transferencia de oficio: AFSCA dispondrá la transferencia de las licencias en caso que los
titulares no dieran cumplimiento a la adecuación en los términos del artículo 161 de la Ley de
Medios.
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La Resolución 297-AFSCA del 07.09.2010 estableció que el plazo de un año para la “desinversión”
comenzaría regir desde el día siguiente a su publicación.
La misma resolución estipulaba que durante los siguientes 30 días los titulares de licencias debían
presentar sus planes de adecuación o “desinversión” para ser aprobados por AFSCA, pero ninguno lo
hizo. AFSCA sucesivamente extendió estos plazos y terminó sincronizando la prórroga final con el
plazo de la justicia que vencía el 07.12.2012 (el llamado “7D”). Sólo días antes de esta última fecha
se presentaron los correspondientes planes (ver D.28.09.2011 – 07.12.2012).
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El 05.10.2010, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario solicitado por el Estado nacional,
lo que implicó la confirmación de la medida cautelar del juez Carbone de 2009 sobre el artículo 161
en beneficio del Grupo Clarín. La Corte opinó que el plazo de un año fijado por dicho artículo para la
desinversión es “sorpresivo, breve y fatal”. (La presidenta Cristina Kirchner criticó esta medida de la
Corte a través de su cuenta de Twitter y atacó a Clarín.)
El 26.11.2010 el juez Carbone no hizo lugar a otro planteo interpuesto por el Estado nacional para
levantar la medida cautelar favorable al Grupo Clarín. Rechazó además la recomendación de la Corte
Suprema de establecer un plazo para pronunciarse sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad
de los artículos objetados), de modo que la cautelar seguiría igualmente sin término definido hasta
que este punto se resolviese.
Pero el 12.05.2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal fijó un plazo de
vigencia de 36 meses para la medida cautelar establecida por el juez Carbone, cuyo cómputo se
iniciaba en 2009 y que terminaría venciendo el 07.12.2012.
Uno de los jueces de la Cámara, Francisco de las Carreras, sostuvo en ese fallo que “no hay omisión
ni incumplimiento achacables” al Grupo Clarín, porque “ha sido eximido por una decisión judicial de
la aplicación del artículo 161 de la ley”. Dicha aplicación podría tener consecuencias graves para los
derechos de ese grupo, los que aparecen como “como seriamente amenazados por la aplicación del
régimen impugnado”. Asimismo, la jueza Susana Najurieta, de la misma cámara, expresó que la
medida cautelar a favor de Clarín no afectaba la aplicación general de la Ley de Medios.
§
El Estado nacional interpuso un recurso extraordinario contra la decisión de la cámara del
12.05.2011. Como respuesta, la Corte Suprema confirmó el 22.05.2012 el rechazo del anterior
recurso extraordinario (el del 05.10.2010). También confirmó el plazo de 36 meses de la medida
cautelar establecido por la Cámara, calificándolo como “razonable”.
Los medios oficialistas y el gobierno celebraron este fallo como un triunfo, pero contenía fuertes
críticas al poder ejecutivo. Decía que AFSCA “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso
de implementación de la normativa en cuestión, ha prorrogado los plazos y suspendido las
licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir” a causa de la cautelar
que beneficiaba al Grupo Clarín.
§
Aquí venía una divergencia de interpretaciones. Para el gobierno, el 07.12.2012 era el vencimiento
del plazo de desinversión para todos los involucrados. En ese momento, todos los participantes
debían estar ya adecuados a los límites fijados en la ley (o en proceso a hacerlo) con un plan
aprobado por AFSCA. En caso de que ese plan no fuera presentado o no fuera aprobado, AFSCA
llamaría a concurso público para adjudicar las respectivas licencias excedentes. Si no hubiera
propuestas válidas, las licencias se entregarían por adjudicación directa.
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