RESTRICCIONES PARA TODOS

“El 7-D se está convirtiendo para Cristina Kirchner en una trampa [...] Se lo construyó como una
encrucijada de vida o muerte [...] Es una fecha equivocada. Los plazos procesales llevan el
vencimiento de la medida cautelar que suspende el artículo 161 de la Ley de Medios para el
Grupo Clarín al 10 de diciembre [...] [Pero] como el juez Horacio Alfonso aún no dictaminó sobre
la constitucionalidad [de ese artículo], [...] Clarín pidió a la Cámara Civil y Comercial que
prorrogue su medida cautelar.
La señora de Kirchner contestó ordenando a Julio Alak dinamitar esa Cámara con denuncias y
recusaciones. Alak se incineró con tal de alcanzar el objetivo: reemplazar a esos camaristas por
otros del fuero contencioso administrativo, que es una huerta del kirchnerismo. Ya que no pudo
llevar la causa hacia esos jueces, Alak pretende llevar esos jueces hacia la causa. Para evitarlo,
Clarín solicitó a la Corte Suprema que resuelva las recusaciones y prorrogue la cautelar. La
Corte trataría mañana ese pedido.
Es probable que reponga a los camaristas civiles y comerciales y les transfiera la discusión sobre
la prolongación del amparo. A pesar de que la telenovela se va enredando, en Twitter, la
consigna #LorenzettiNoMeFalles era ayer un trend topic mundial. O los que la alentaban ignoran
qué se discute el 27-N o en la Argentina hay más juristas que en la antigua Roma. El gobierno,
que sí sabe qué se juega, está presionando a Ricardo Lorenzetti como nunca antes. Mejor no
entrar en detalles.
Si en este jardín de senderos que se bifurcan la Cámara Civil y Comercial volviera a sesionar y
rechazara la extensión del amparo, Clarín podría servirse del per saltum reglamentado por el
Congreso y volver a la Corte para reponer la cautelar. Otra vez se abrirían dos caminos. O tres:
la Presidenta podría vetar el per saltum que ella misma promovió [...].
El redimensionamiento de las empresas de radio y TV está reglado en el artículo 45 de la Ley de
Medios. Allí se establece, por ejemplo, que las empresas de TV satelital [sic, quiere decir de TV
cable] no pueden tener más del 35% del total de abonados a la TV paga. Pero nadie sabe cuántos
son esos abonados. Los empleados de la AFSCA tiran cifras al voleo. Además, existe la sospecha
de que las compañías de TV por cable no declaran todos sus clientes.
El mismo artículo establece que las empresas con licencias de radio y TV abierta no pueden
superar más del 35% de los habitantes del país [...] La ley equipara la audiencia a la población,
supone que todo el mundo escucha todas las emisoras a la vez. Los televidentes de canales de
aire se calculan también por el censo de la zona. No importa que esos canales lleguen a muchos
más espectadores a través de las redes de cable que los incluyen en sus grillas como una señal
más.
La misma norma establece que una empresa de TV por cable no puede tener más del 35% de los
abonados del país [...]. También fija un límite de 24 licencias por empresa. ¿Cuántas tiene
Cablevisión? ¿Cuántas el grupo Vila-Manzano? ¿Cuántas Telecentro, de Alberto Pierri? Martín
Sabbatella, el titular de la AFSCA, no lo dice. Tal vez porque no lo sabe. La cruel pingüinera,
que detesta a los recién venidos con poder, ya lo llama ‘sanatella’.
En este confín del laberinto la conclusión es elemental: la ley está mal hecha [...]. El texto es
tan excéntrico que incluye notas con debates académicos.
La presidenta sabe de este déficit. Pero enfureció cuando se lo hizo ver la Corte. En el fallo
sobre el amparo de Clarín, el tribunal le reprochó no haber aplicado la Ley de Medios allí donde
podía. No otorgó licencias, no realizó el censo, no licitó señales de TV digital y no aprobó los
planes de desinversión presentados por empresas que carecen de un amparo.
Para compensar estas falencias, Cristina Kirchner buscó que el nuevo régimen del mercado de
valores le permita designar delegados en las empresas con la excusa de proteger a las minorías.
Ya se sabe cuáles son los blancos: Clarín y Papel Prensa. Esta innovación, que convierte a los
empresarios en concesionarios de sus propias compañías, será la preocupación central de la
conferencia anual de la UIA que empieza mañana.
En el gobierno nadie envidia el lugar de Sabbatella. No es un experto, los técnicos que podrían
auxiliarlo fueron apartados de la AFSCA y sus superiores le exigen resoluciones despiadadas. La
más reciente fue aceptar las impugnaciones de varias agrupaciones kirchneristas contra el
abogado Alejandro Pereyra, propuesto por el FAP para ocupar una de las dos bancas de la
minoría en la AFSCA. La Presidenta ordenó al secretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro,
aprobar la candidatura del radical Marcelo Stubrin y devolver la de Pereyra al Congreso [...]
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