RESTRICCIONES PARA TODOS

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14.08.2012: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dispuso que el juez
Bento era “incompetente” en la causa, ya que Cablevisión no operaba en Mendoza y dispuso
suspender la intervención. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó el fallo de su
similar de Buenos Aires. De todas formas, la intervención no se consumó. (Un comunicado del Grupo
Vila-Manzano sostenía que la intervención no había sido revocada.)
Al tratarse de una disputa interjurisdiccional entre órganos judiciales, lo actuado pasó a la Corte
Suprema de Justicia. Mientras tanto, los efectos de las resoluciones del juez Bento quedaron
suspendidos.
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21.08.2012: el interventor nombrado por Bento en 12.2011 intentó ingresar nuevamente y sin éxito a
Cablevisión.
28.08.2012: Finalmente, la Corte Suprema ordenó a la justicia mendocina que se abstuviera de
intervenir en el caso de Cablevisión.
20.12.2011
La presidenta Cristina Kirchner denuncia que “los medios [...] están deseando que nos vaya mal”.
20.12.2011
La Secretaría de Derechos Humanos, en ese entonces a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pide que se cite
a declaración indagatoria a los accionistas de Clarín y La Nación por el tema de Papel Prensa SA.
21.12.2011
Un juez embarga en 160 millones de pesos a La Nación por pedido de la AFIP, pero el organismo
impositivo oculta al magistrado que un fallo anterior impedía tal embargo. Al día siguiente, el diario
denuncia a la AFIP ante la Corte Suprema.
22.12.2011
La titular de las Madres de Plaza de Mayo realiza un “juicio ético” al Grupo Clarín en Plaza de Mayo.
22.12.2011
El vicepresidente Amado Boudou acusa a Clarín y La Nación de “atacar a la democracia” y de poner
trabas al libre acceso al papel.
22.12.2011
Se modifica la llamada Ley Antiterrorista, la cual podría ser empleada contra los medios de
comunicación.
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La Ley 26734 reformó la Ley Antiterrrorista 26268 (13.06.2007). Esta última norma contempla penas
contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La reforma, sin embargo, contenía un
artículo que duplica las penas de cualquier delito “cuando hubiere sido cometido con la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o
agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Este artículo tiene una redacción demasiado laxa e imprecisa (¿qué conductas, exactamente, constituyen “aterrorizar” a
la población?) y que, según expertos, podría ser aplicada a comunicadores y directivos de medios de comunicación.
22.12.2011
Sbatella confirma que la reforma a la Ley Antiterrorista podría utilizarse contra los medios de
comunicación.
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El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, confirmó que la modificación
de la Ley Antiterrorista (26268) realizada por la Ley 26734 podría utilizarse contra los medios de
comunicación.
Según Sbatella: “lo que se está previniendo es la posibilidad de que un grupo de personas con gran
poder económico pueda concertar una política para vaciar las reservas o atemorizar a la gente para
que saque la plata de los bancos. Los que generan eso son un núcleo muy reducido que luego
difunden la situación con los medios”. Agregó que cuando los medios se pliegan a esta clase de
acciones, “eso es aterrorizar a la población”.
Sbatella confirmó de este modo que la reforma a la Ley Antiterrorista podía emplearse contra los medios. Pero lo que
más aterrorizaba a la población en los casos citados por Sbatella —y en otros—, son las propias acciones de los
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