RESTRICCIONES PARA TODOS

perderla) crea una gran inseguridad jurídica. Hace que las empresas de radio y TV desplieguen un poder de lobby
desenfrenado para seguir funcionando y obtener su readjudicación y tiende a volverlas oficialistas para
congraciarse con el gobierno. También termina siendo una oportunidad abierta para que el gobierno imponga
sus licenciatarios “amigos” en detrimento de los existentes. Todo esto atenta contra el desarrollo del sector y la
libertad de expresión.
La posible duración indefinida no impide la entrada de nuevos actores en el mercado: siempre se pueden
comprar medios en funcionamiento o aspirar a licencias para otras frecuencias, más allá de que la tecnología
digital multiplicará al menos por diez las frecuencias existentes. Asimismo, nadie sabe cómo evolucionará el
Internet con respecto a la transmisión de imágenes y sonidos, pero con toda seguridad ampliará las vías de
difusión.
De hecho, en la historia argentina casi siempre que se aproximaban los vencimientos de las licencias, en lugar
de volverse a concursar, se prorrogaban con decretos especiales o con nuevas leyes de radiodifusión. Esto ocurrió
bajo el propio gobierno de Kirchner cuando en 2005 se prorrogaron, en una acción de dudosa legalidad, todas las
licencias del país por 10 años.
Sólo una vez en la historia argentina se volvió a llamar a concurso tras el vencimiento de las licencias: fue en
1968, cuando el gobierno de Juan Carlos Onganía aprovechó para readjudicar las licencias de varias emisoras
existentes a titulares amigos. En esa ocasión se le quitó la licencia a la que por entonces era la radiodifusora más
importante y popular del país: LS5 Radio Rivadavia. Si bien estaba a cargo de propietarios que simpatizaban con
el radicalismo, tenía también el mejor y más independiente servicio informativo. La licencia se otorgó a un grupo
afín al gobierno militar. Esta medida provocó un escándalo tan grande que el concurso fue anulado y, años
después, se volvió a otorgar la licencia a Radio Rivadavia. Por otro lado, el vencimiento de las licencias de TV en
1973 hizo posible que el gobierno se quedara con todos los canales privados de Buenos Aires.
§
Transferencias. Las licencias de las emisoras y los sistemas de cable son intransferibles. Sólo pueden
transferirse, “excepcionalmente”, hasta en un 50% de su capital luego de transcurridos 5 años del
plazo de la licencia y “cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio” y se
mantengan los “compromisos asumidos” (entre otros los de programación), siempre sujeta a una
autorización expresa y previa de AFSCA.
La transferencia de propiedad no autorizada sin la autorización previa de AFSCA será sancionada con
la cancelación automática de la licencia.
Los cambios de propiedad de una emisora o señal de cable son tan válidos como el cambio de propiedad de un
diario o revista o cualquier empresa. Su prohibición crea una situación rígida e incompatible con el dinamismo de
la actividad de radio o TV. Tampoco se establece con claridad bajo qué condiciones precisas la autorización para
una transferencia podría concederse o denegarse, lo cual abre la puerta a la discrecionalidad desde el Estado.
Esta cláusula quizás podría tener algún sentido en el caso de emisoras adjudicadas a entidades sin fines de lucro
para mantener su carácter comunitario o social.
Se indica además que la transferencia parcial debe asegurar los “compromisos asumidos” (entre los cuales
figura el “proyecto comunicacional”) cuando se adjudicó la licencia. De esta manera, en teoría no se podría
cambiar el formato de programación de una emisora a menos que participara en nuevo concurso. Esto atenta
igualmente contra la flexibilidad necesaria para desempeñarse en el siempre cambiante mercado de la
comunicación. Así por ejemplo, una emisora que salió al aire tras ganar un concurso con una programación 100%
deportiva no podría convertirse en una emisora de rock.
§
Criterios de evaluación de solicitudes y propuestas. Se considerarán como factores de mérito para
decidir la adjudicación de una licencia: la ampliación del pluralismo, las garantías para la expresión
libre y pluralista de ideas, la satisfacción de los intereses de la audiencia (inclusive los precios en los
servicios si son pagos), el “impulso al desarrollo de la sociedad de información”, servicios para
discapacitados, “aportes a la industria de contenidos y el “desarrollo de determinados contenidos de
interés social”.
También se tendrá en cuenta cualquier otro criterio adicional que fijen ad hoc los pliegos de bases y
condiciones para los concursos o las adjudicaciones directas. Como en las normas previas, se evaluará
asimismo la capacidad técnica y patrimonial del oferente.
Estos criterios son sumamente amplios y hacen posible una gran discrecionalidad del evaluador. Al juzgar la
supuesta “ampliación del pluralismo” o programación de “interés social”, por ejemplo, la ley estará interviniendo
indirectamente sobre los contenidos. Es evidente que si se aplicara la cláusula de la “expresión libre y pluralista
de las ideas” la Radio Nacional o el Canal 7 kirchnerista jamás podrían haber obtenido una licencia. Más allá de
esto, las directrices de evaluación posibilitan el rechazo de ofertas o solicitudes en forma arbitraria.
Por otro lado, los “criterios adicionales” (sin otra precisión) que podrían considerar los pliegos de los
concursos se dejan librados completamente a la voluntad de la autoridad. Así, nada impediría por ejemplo que
128