RESTRICCIONES PARA TODOS

17.08.2012
Presentan un proyecto para obligar a transmitir programas oficialistas en la televisión abierta del
interior.
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Este día se supo que el senador kirchnerista Aníbal Fernández (FPV-Buenos Aires) había presentado el
13.07.2012 un proyecto para obligar a los canales de aire del interior a incluir los programas de
propaganda oficialista 6-7-8, TVR, Duro de domar y otros, por considerárselos “de interés público”.
Este proyecto fue introducido mientras se debatía la omisión del ciclo Periodismo para todos, de
Jorge Lanata, en varios canales abiertos del interior —de propiedad de gobiernos provinciales o
privados alineados con el oficialismo—, aun cuando esos canales reproducían la mayor parte de la
programación de El Trece (Buenos Aires).
Este debate se originó por iniciativa de la senadora María Eugenia Estenssoro (CC-ARI-CABA), luego de
los problemas que Lanata tuvo en Tucumán y de las denuncias de la supresión de su programa en
distintas provincias.
Aníbal Fernández rechazaba que la no difusión de Periodismo para todos en varias provincias fuera un acto de censura.
“Tales acusaciones han sido tan fervorosas como carentes de sustento legal”, señalaba en su proyecto, mientras
proponía, con evidente ánimo provocador, la transmisión obligatoria de los mencionados programas oficialistas (los
cuales pueden verse en Canal 7 y Canal 9).
18 - 19.08.2012
El sindicato de canillitas bloquea por varias horas las plantas impresoras de Clarín y La Nación e impide
la distribución de esos matutinos y otros diarios del país.
§ Grupos que respondían al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, dirigido por Omar Plaini —
aliado a Hugo Moyano—, bloquearon las plantas impresoras de diversos diarios porteños y del interior
del país, lo que impidió su distribución a tiempo.
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El sindicato reclamaba para los canillitas el 40% del precio de tapa por ejemplar de diarios vendidos
(porcentaje vigente hasta 2001 y después reducido a 32%). Las empresas periodísticas sostenían que
la proporción que se quedan los vendedores estaba ya entre las más altas del mundo.
Los bloqueos tuvieron lugar el sábado 18 hasta las 03:00 hs y el domingo 19 de manera total. A esto
se sumó al paro de canillitas que el sindicato declaró durante ese fin de semana.
Ante las medidas de fuerza, Clarín y La Nación repartieron sus ejemplares en forma gratuita por sí
mismos en distintos puntos de la ciudad. Pero los sindicalistas también se oponían a esta acción y
sostenían que se violaba el Decreto 1693 (05.11.2009) que restablecía, en la práctica, el monopolio
de los canillitas en las ventas de diarios y revistas en la vía pública, situación que a su vez había sido
eliminada por Decreto 1025 (04.11.2000).
Plaini dijo que el reparto de los ejemplares era “una provocación del Grupo Clarín, conjuntamente
con La Nación y Perfil, que violentaron el decreto promulgado por la presidenta Cristina Kirchner y
salieron a regalar diarios con mano de obra esclava”.
“Si pueden regalar los diarios, quiere decir que sus finanzas están muy bien”, manifestó el
sindicalista.
Clarín denunció que el paro se hizo “con la tolerancia de las autoridades y la pasividad de la fuerza
pública”.
ADEPA afirmó en un comunicado que “confundir el derecho a protestar o manifestar por un interés o
reclamo sectorial con la decisión de impedir por la fuerza —incluso con actos de violencia [...]— el
libre flujo informativo y el acceso de los lectores a sus publicaciones, es violentar un principio
básico de la democracia. Configura, además, un delito expresamente previsto en el Código Penal.
Hacerlo desobedeciendo una expresa orden judicial [...] es sencillamente burlar el orden
institucional y los principios básicos de nuestra organización social”.
Como ya se indicó en otras partes de este trabajo, recurrir a un paro está dentro de los derechos de los trabajadores y de
los sindicatos. En cambio, bloquear físicamente la distribución de un medio de comunicación es un atentado a la libertad
de expresión y la libertad de circulación. Ante esto, es inconsecuente que los sindicatos acusen a los diarios de violar la ley
por hacer el reparto por sí mismos, en forma gratuita y ante una emergencia.
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